
Los retos de México ante la renegociación del T-MEC
Ciudad Juárez: segundo “strike” en la 4T.
La muerte de los 39 migrantes, en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, quienes fueron encerrados, y no pudieron salir de un incendio, provocado por ellos mismos, para protestar los presuntos malos tratos de los directivos, y su rechazo a ser deportados, cimbró hasta lo más alto del equipo guinda, y colocó, un segundo “strike” al Gobierno de México, dejando también en evidencia, que el tema de la política migratoria es uno de los principales pendientes.
En su gira reciente por Ciudad Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió “porras”, sino el reclamo de decenas de migrantes, mismo que el propio mandatario tabasqueño calificó como una acción orquestada por la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván; Sin embargo, el dolor e impotencia de los “ilegales” y familiares de las víctimas no tenía color, sino solo hambre de justicia, ante la tragedia, considerada la segunda más grave en la era de la Cuarta Transformación, solo superada por el incendio, y explosión de un oleoducto, el 18 de enero del 2019, que dejó 137 muertos, en la localidad de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde dicho por los familiares de las víctimas, aún se espera la entrega de apoyos, y atención.
Sin embargo, a diferencia de aquel hecho, que sólo abanicó en la opinión pública, el caso de la estación migratoria, si “pegó” directamente a la administración federal, debido a la serie de irregularidades, negligencias y omisiones, como el abandono del área afectada por los funcionarios del INM, o la adjudicación directa del contrato al Grupo de Seguridad Privada CAMSA, de 76 millones de pesos como mínimo, hasta 190 millones de pesos, misma que también prestó servicio, bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional, en 23 estaciones del INM del país, con 504 elementos.
Incluso, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández prefirió dejar pasar la “bola” caliente, y se limitó a decir que el Gobierno de México atenderá la situación, esto a raíz de que el Instituto Nacional de Migración es un órgano dependiente de la dependencia a su cargo; Además, que este hecho, perjudica sus aspiraciones políticas de cara al 2024. En otras circunstancias políticas, ahora el grito de reclamo sería: “Nos faltan 39”, o “Nos faltan 176”, pero las “voces” han cambiado de rumbo.
El regidor “incómodo” del Puerto de Veracruz
16 señalamientos por presuntos actos de acoso y violencia sexual, y tres denuncias penales, una de ella por violación, son por el momento, lo que carga el regidor de morena en el Puerto de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez, quién incluso, a raíz del hecho, denunció que sujetos armados atentaron contra su integridad, lo que provocó que solicitara protección ante las instancias de seguridad.
Sin embargo, en el Cabildo del Puerto de Veracruz, las regidoras priistas y panistas exigieron a su compañero que se retire del cargo, mientras se esclarece este asunto, ya que su presencia además de denigrar, incomoda al pleno edilicio, encabezado por la panista Patricia Lobeira; Incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que el militante morenista y edil tendrá que defenderse por sus propios medios.
Esto sucede, en medio de una serie de casos similares que afrentan otros funcionarios estatales y federales morenistas, principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, donde recientemente surgieron una serie de señalamientos de supuestos actos de acoso y hostigamiento sexual, a cambio de favores laborales, y que actualmente tiene bajo la lupa al titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Además, del caso del delegado del Bienestar en Veracruz, y “corcholata” a gobernador, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quién también, desde el 2022, tiene una denuncia por acoso sexual en su contra, misma que incluso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se habría de investigar, pero hasta el momento, permanece en el abandono.
Semana santa en el sureste veracruzano
En medio de la crisis por la falta y mala calidad de los servicios públicos, los municipios de sureste de Veracruz, viven la reactivación de los tradicionales “carnavales” o “expoferias”, luego de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid_19, y su “acomodo” político, tras un año de arribo al poder.
Sin importar, la calidad e innovación de los eventos, y la falta de transparencia en la asignación de los recursos, los encargados actuales de estas “magnas” celebraciones se darán un “merecido descanso” de, al menos dos semanas, para poner en marcha estas actividades, que sin duda, a la población vienen a darle una distracción a sus preocupaciones, principalmente, en los eventos masivos, donde el folclore, y las bebidas “amargas”, se mezclan. Pan y circo, era el nombre que le daban aquellos políticos de izquierda, en la época del conservadurismo fifí; Hoy es calificada como: entretenimiento y cultura.
Corto circuito en gobierno de Tlalpujahua
Quién no deja de evidenciar, las omisiones y falta de capacidad política en el ayuntamiento de Tlalpujahua, es la síndica Graciela Arredondo Reyes, quién nuevamente, compartió en sus redes sociales, que el gobierno que encabeza el presidente Jorge Medina Montoya, pareciera que no tiene pies ni cabeza, y que tal parece, que quiere pasar a la historia, como una administración más, inmersa en la falta de transparencia, y resultados. Ahora, indicó que, hasta funcionarios ajenos al cabildo, como la directora del DIF Municipal, y esposa del alcalde asisten, y se molestan, al ser evidenciada su presencia.
Sin duda, estas acciones de transparencia y compromiso político tendrá resultados favorables para el funcionamiento de la administración municipal, sin importar el costo político, que traiga consigo.