Afecta banco de niebla operaciones en AICM
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2017.- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) celebró la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en la Cámara de Diputados.
El coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, subrayó que este mecanismo establece que, todo delito de esta magnitud se persiga de oficio y no prescriba, con penas de hasta 90 años.
“Deseamos que con estas modificaciones se logre frenar la impunidad que persiste en la entidad en materia de desaparición forzada”, dijo.
Mencionó que en los últimos gobiernos priístas en la entidad mexiquense se han incrementado los ataques contra los defensores de los derechos humanos, líderes sociales y, más recientemente, contra los estudiantes de las universidades públicas que han sido hostigados durante los procesos para elegir a sus autoridades.
“Hay una abierta persecución contra quienes han manifestado su deseo de participar en los procesos de elección”, señaló.
Hizo votos por que en este nuevo gobierno que encabeza Alfredo del Mazo “haya un mayor compromiso a favor de los derechos humanos, así como en la defensa de territorios y aguas, ya que se ha iniciado un proceso de expulsión de pequeñas comunidades originarias para dar paso a desarrollos inmobiliarios y de infraestructura –carreteras y aeropuertos– a través de grupos paramilitares con filiación priísta (Antorcha Campesina)”.
Sobre este nuevo marco legal, Lara Duque afirmó que se crean cuatro instrumentos básicos que son: el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) que asegura la inmediata movilización para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas para lo que contará con diversos instrumentos, además el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y Registro Nacional de Personas Fallecidas, no identificadas y no reclamadas.
Y aseguró que estos nuevos mecanismos serán de gran ayuda para encontrar a personas que han sido ilegalmente privadas de la libertad o de la vida por alguna autoridad, pero resaltó la necesidad de que las instituciones de seguridad y procuración de justicia en todos el país tengan un compromiso para desterrar a la corrupción y la impunidad, ya que sin estos dos elementos, continuarán las desapariciones forzadas, particularmente en el Estado de México.