Desmantelando la democracia: Reforma electoral

En medio de un clima de inseguridad cada vez más violento y letal, México es guiado a una discusión tramposa orquestada por el gobierno en turno: una reforma electoral que, más que modernizar su sistema democrático, amenaza con erosionar sus fundamentos más esenciales.

de discursos falsos sobre eficiencia y austeridad, surge una realidad inquietante: quienes impulsan esta reforma lo hacen en lo oscurito, guiados por intereses mezquinos y ambiciones de poder y no por un compromiso genuino con la pluralidad y la representación ciudadana.

Uno de los puntos más controversiales está en la intención de eliminar mecanismos que garantizan la pluralidad en el Congreso. La representación proporcional, a través de diputaciones y senadurías plurinominales, fue concebida como un contrapeso necesario que permite a diversas corrientes políticas acceder al espacio legislativo más allá de la aritmética de distritos uninominales.

Su desaparición o debilitamiento castigaría a las minorías, abriendo la puerta a un poder legislativo homogéneo, con menos voces disidentes y, por ende, con menos controles para evitar y corregir el abuso del poder.

No es menor señalar que el proyecto de reforma electoral se cocina en lo oscuro, impulsado por personeros de un partido que busca consolidar mañosamente sus ventajas electorales y debilitar a sus adversarios.

Otro peligro del proyecto que se vislumbra es la propuesta para transformar la elección de autoridades electorales.

En lugar de fortalecer instituciones autónomas con amplia legitimidad, la idea de elegir consejeros a través de urnas o bajo criterios distintos a los tradicionales pone en riesgo la imparcialidad de los órganos que deben garantizar elecciones libres y justas.

Este tipo de cambios, más allá de la retórica de “democratizar”, pueden abrir la puerta a la captura política de cuerpos que hasta ahora han funcionado, con aciertos y errores, como árbitros neutrales.

La pretendida desaparición de los órganos electorales locales constituye un despropósito en toda regla. No solo implica un retroceso institucional sin precedentes, sino que amenaza directamente el federalismo electoral que ha permitido atender las particularidades políticas, sociales y territoriales de cada entidad.

Centralizar la organización de las elecciones debilita la capacidad operativa y de vigilancia en las entidades, incrementa los riesgos de improvisación y abre la puerta a procesos mal organizados, disputados y carentes de legitimidad.

Frente a este panorama, el gobierno de Morena debería concentrar su energía en gobernar y en dar resultados a los problemas reales que aquejan a millones de mexicanas y mexicanos: la inseguridad desbordada, el estancamiento económico, la precariedad en los servicios de salud y la creciente desigualdad.

Insistir en reformas que buscan alterar las reglas del juego democrático para perpetuarse en el poder no solo distrae de las verdaderas prioridades nacionales, sino que erosiona la legitimidad del propio gobierno.

México no necesita un partido atrincherado en el poder; necesita un gobierno que funcione, que escuche y que respete la voluntad plural de su sociedad.