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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2024.- La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de este lunes 27 de mayo al 3 de junio, realizará el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal (MPF) por los 32 estados del país.
El objetivo es atender las denuncias que los ciudadanos presenten con motivo de la jornada electoral, en la que podrán votar más de 98 millones de mexicanos.
“El 2 de junio estarán en juego 20 mil 708 cargos públicos, 629 corresponden al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.
“En ese contexto la FISEL juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas”, expresó el titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.
El fiscal electoral aseguró que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la FGR.
Señaló que en el despliegue ministerial se contará con más de 7 mil funcionarios públicos (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) que profundizaron sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Además de atender las denuncias en los estados, Ortiz Pinchetti detalló que el personal de la FISEL tendrá entre sus tareas realizar acciones de blindaje electoral, es decir, participar en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal, así como continuar en las mesas de seguridad y paz locales.
De igual forma, exhortó a la población a denunciar los delitos electorales a través de los Sistemas de Atención Ciudadana: FISENET (www.fisenet.fgr.org.mx) y FISETEL (800 833 7233).
Entre los hechos ilícitos están la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
Otras conductas que también son sancionables, la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes el día de las elecciones que influyan en el sentido del voto.