CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2018.- Entre los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Justicia Penal está la desconfianza y el desprecio de la ciudadanía hacia las diferentes corporaciones policiacas, además de que en muchas ocasiones quienes han sufrido algún ilícito prefieren no denunciar por temor a ser revictimizados, afirmó David Shirk, director del Programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, Estados Unidos.

Al participar este lunes en la mesa dos de la Segunda conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia: hacia una política de estado centrada en los derechos humanos, la cual llevó por título: Estado actual de la justicia penal y los derechos humanos en México, en la que tuvo presencia la CNDH, el académico advirtió que no existe voluntad política para atender los problemas de procuración e impartición de justicia en el país.

Dijo que otro de los desafíos que enfrenta el nuevo Sistema de Justicia Penal es que a menudo las personas que han sido sentenciadas por haber cometido algún ilícito refirieron que, en algún momento de la investigación del caso, los policías preventivos o de investigación incurrieron en manipulación de evidencias y malos tratos a los detenidos, lo cual debe cambiar.

En la misma mesa, Karina Ansolabehere, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aseveró que en el rol que han jugado los tribunales constitucionales de derechos humanos y los desafíos que enfrentan actualmente, su labor se ha centrado en la rendición de cuentas por violaciones a los derechos fundamentales, así como en difundir la normatividad nacional e internacional en la materia.

“Los contextos actuales que se viven en México y en algunas naciones de Latinoamérica han obligado a reflexionar sobre el papel que deben jugar dichas instituciones para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño”, sostuvo.

Afirmó que la desaparición de personas es un fenómeno que ha saturado al sistema de impartición y procuración de justicia, tanto por el número de casos que se presentan como por la manera en que se abordan los mismos.

“En México y en muchas naciones de América Latina históricamente la investigación de este ilícito se centra más en la detención y el castigo de los responsables de las desapariciones que en la atención a las víctimas, lo cual evidencia la necesidad de reflexionar sobre la manera en que se aborda dicho problema para encontrar alternativas eficaces que permitan enfrentarlo y asegurar que las víctimas accedan a la justicia”.

“Desde la década de los ochenta México pasó de un sistema soberanista y de nula rendición de cuentas en materia de derechos humanos a otro más abierto y cosmopolita que, sin embargo, ha tenido magros resultados”, prosiguió.

Por su parte, Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, señaló que el Nuevo Sistema Oral Acusatorio y los derechos de la víctima y del imputado están transformando y lo siguen haciendo al sistema inquisitivo tradicional, que era fundamentalmente punitivo y oscuro.

Informó que en México no ha habido un proceso homogéneo, sino muy desigual con resultados muy disímiles. Chihuahua y Morelos, que fueron los estados pioneros, están muy avanzados, pero en otras entidades apenas están empezando o van muy rezagados.

“Entre las características del nuevo modelo y los cambios destacan que la víctima y el imputado se ven cara a cara y está presente el juez que era un ente invisible. Ahora hay otra forma de construir la verdad jurídica”.

“Hay una visibilización de la víctima y del imputado, así como de los jueces, de control, de juicio oral y de sentencia. Antes no había equidad; los expedientes estaban mal armados; eran lo común. Ahora se presume que el imputado no va a demostrar su inocencia, sino se tiene que comprobar su culpabilidad.  No tenía un defensor, ahora hay una asistencia a la víctima y al imputado”, compartió.