Destaca Mónica Soto papel del TEPJF en la elección presidencial y del PJ

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2025.- Al rendir su segundo y último informe al frente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso destacó el cumplimiento con sumisión constitucional en dos de los grandes procesos en los últimos dos años: la elección presidencial y la de personas juzgadoras.

Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los dos retos electorales nacionales que ocurrieron de manera sucesiva, uno tras otro, sin tregua, ni descanso, los consideró como los más trascendentes en la historia moderna de México.

El primero en 2023-2024, como el más grande, el más paritario y el más vigilado que dio como resultado que, por primera vez en 200 años de República, una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dirija el rumbo del país y encabece el Poder Ejecutivo Federal.

El segundo en 2024-2025, inédito para la historia, dio sonoridad a las voces mexicanas para elegir mediante el voto directo a las personas juzgadores en un total de 881 cargos que estuvieron en disputa.

En ese contexto, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que fue esencial la fortaleza institucional para combatir los embates y lograr que lo único que debe prevalecer es el interés de la nación y el respeto a la Constitución. 

Sala Superior celebró mil 453 sesiones

Al compartir datos relevantes, destacó que el Pleno de la Sala Superior y las correspondiente salas regionales fueron convocadas a mil 453 sesiones y afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplió con sumisión constitucional en ambos procesos. 

Adicional a los siete mil 269 asuntos recibidos, relativos al proceso electoral extraordinario, la presidenta del TEPJF resaltó la celebración de comicios ordinarios que representaron un total de cuatro mil 672 medios de impugnación y sumó un total de 11 mil 941 expedientes en el periodo del 1 de noviembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

El Pleno de la Sala Superior aprobó 10 jurisprudencias que versan sobre el alcance del procedimiento especial sancionador a las atribuciones de responsabilidad indirecta. Se aprobaron tres tesis relevantes, la prevención de la revictimización en caso de violencia política en razón de género, la accesibilidad de personas con discapacidad en su entorno laboral, así como diversos criterios para la elección de personas juzgadoras.

En las sentencias relevantes emitidas, puntualizó que la Sala Superior reafirmó el compromiso con la tutela efectiva de los derechos político electorales. Entre estas, destacó las vinculadas al derecho de igualdad sustantiva, al principio de equidad en la contienda y a la protección de los derechos de personas que pertenecen a grupos discriminados.

Tribunal Electoral violeta

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aportó, a través de sus sentencias, una mirada violeta, aseguró la magistrada presidenta Mónica Soto, pues en su Informe de Labores 2024-2025, dijo que uno los signos distintivos de sus resoluciones es garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres.

Así, de los 11 mil 941 expedientes totales recibidos en Sala Superior cuatro mil 708 fueron promovidos por mujeres, es decir el 39.42 por ciento. Los asuntos vinculados con el tema de género, respecto de los cuales durante este periodo se recibieron 496, de estos 133 son de temas de paridad, 359 de violencia política en razón de género y cuatro con ambas temáticas.

La Sala Superior del Tribunal Electoral reiteró la protección que este órgano jurisdiccional otorga a la inclusión social y evidenció la promoción de mil 456 asuntos en los que las partes actores fueron personas identificadas como pertenecientes algún grupo en situación de desventaja social.

Las mujeres fueron las que más acudieron al TEPJF para la protección de sus derechos en 623 casos, mientras que el segundo grupo que promovió más medios de impugnación fue el de las personas de las comunidades indígenas con 325 y el tercer grupo que más impugnó fueron las personas en prisión preventiva con 324 casos.