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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio de 2017.- De 32 construcciones que ameritan esta sanción, de ser demolidas, el Gobierno de la Ciudad de México realizó este jueves la demolición de dos pisos excedentes de una construcción ubicada en el número 106 de la calle Frambuesa, colonia Nueva Santa María, delegación Azcapotzalco.
La edificación, donde se construían en total seis niveles, fue verificada en materia de uso de suelo, y se determinó que se excedía en dos niveles la zonificación permitida, según informó el gobierno capitalino en un comunicado.
Frambuesa 106 es la segunda obra intervenida como parte de este plan, pero es la primera vez en la historia de la capital que se logra una demolición amparada en una denuncia penal.
En este caso, como consecuencia del expediente previo de verificación, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia capitalina, por desobediencia y resistencia del visitado para ejecutar la demolición, quebrantamiento de sellos de clausura y la falta del Director Responsable de Obra (DRO) por permitir el desarrollo de la obra sin apego a la normatividad vigente, explicó el Consejero Presidente del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Klip.
Como resultado de esa denuncia, se determinó el aseguramiento del inmueble, lo que permitió realizar la demolición de los dos pisos excedentes.
Para realizar esta labor, la Secretaría de Gobierno, a través de su Subsecretaría, lleva a cabo un trabajo coordinado con la Contraloría General de la CDMX, las secretarías locales de Desarrollo Urbano y Vivienda; Obras y Servicios, así como el Invea y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
La finalidad de este trabajo apunta a detectar casos en los que es necesario demoler. Hasta ahora, se han detectado 32 construcciones que ameritan esta sanción, la cual se aplicará en cada caso siguiendo las etapas del procedimiento correspondiente.
En la demolición de esta mañana, en la colonia Nueva Santa María, estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; el Subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto; el Contralor General, Eduardo Rovelo Pico; el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel Cancino Aguilar, y Klip Gervitz.
Mercado Castro recordó que la Ciudad de México necesita vivienda, porque hay demanda, y ésta debe edificarse pero con legalidad.
Llamó a los desarrolladores a ser buenos vecinos, explicar qué van a hacer y cómo van a proteger las edificaciones aledañas, y destacó el papel cada vez más relevante de los gobiernos delegacionales: «su presencia va a ser muy importante para responderle a los ciudadanos».
«Gracias a la vinculación interinstitucional y a la denuncia presentada ante la Procuraduría, se permitió el ingreso al inmueble para su demolición, toda vez que se acreditaron irregularidades en el procedimiento, quebrantamiento de sellos y que las acciones del director responsable de obra fueron en contravención a la ley», señaló Rovelo Pico.
Cancino Aguilar destacó que la PAOT contaba también con una recomendación que establecía que la edificación no cumplía con la normatividad de uso de suelo en la zona.
La primera de estas construcciones fue intervenida el pasado 2 de junio en Calle 1 número 49, colonia Espartaco, Delegación Coyoacán, en la que se demolieron 2 niveles.
Las más de 30 edificaciones se ubican en las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.
La finalidad de estas acciones de gobierno es aplicar la ley y evitar accidentes. Por ello, se emprendió este esfuerzo coordinado para que las construcciones sean supervisadas por autoridades delegacionales y centrales.
Cuando se detecte una obra irregular, se aplicarán las sanciones administrativas o penales correspondientes, así como las medidas de seguridad necesarias para las personas que laboran o habitan alrededor.
El gobierno capitalino refrenda su compromiso de detener las construcciones que no cumplan con la normatividad, con el reconocimiento de que en una ciudad viva, el desarrollo urbano debe continuar.