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Destaca élite de Sedena en Reto SWAT 2025 ante equipos de 46 países
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio de 2017.- Por si no fuera suficiente la vulnerabilidad del sistema de salud en el país, la revisión de la Cuenta Pública 2016, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles subejercicios y desvíos de los recursos del Seguro Popular por alrededor de seis mil millones de pesos, incluyendo malos manejos en 28 de los 32 estados.
En un documento presentado por el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, Francisco Salvador López Brito, la mitad de los recursos del Seguro Popular se concentran en los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, los cuales, a su vez, son las entidades donde se detectaron las irregularidades con los montos más altos.
El senador del PAN presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante el cual solicitó al Ejecutivo federal esclarecer las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos destinados al Seguro Popular durante el año 2016.
También conminó a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar una serie de investigaciones para identificar y, en su caso, castigar a los responsables de los desvíos en cada uno de los estados.
Según el documento publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, del total de malos manejos, cuatro mil 500 millones de pesos corresponden a recursos que se gastaron sin especificar en qué y sin justificar su uso; de ahí que la transparencia del ejercicio continué siendo uno de los temas prioritarios del Gobierno Federal.
En Oaxaca, uno de los estados con mayores índices de pobreza se detectaron irregularidades por mil millones de pesos, de los cuales 262 millones de pesos se subejercieron, pero tampoco se devolvieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.
“Existen 175 millones de pesos que fueron retirados de la cuenta oficial de este programa sin que haya explicación alguna de cuál fue el destino y hay otros 621 millones de pesos que fueron invertidos en distintos rubros de los cuáles no hay la información suficiente para comprobarlo”, denuncia el documento.
En el Estado de México, con 830 millones de pesos, 70 de los cuales se subejercieron, mientras el restantes se desvió. Además, el gobierno estatal transfirió a distintas cuentas bancarias los recursos del Seguro Popular que debieron permanecer solo en la cuenta autorizada para ello.
También, no se ha comprobado el ejercicio de los recursos, destacando anomalías como la del pago de más de 200 mil pesos a trabajadores que cuatro meses antes ya se habían dado de baja.
En el caso de Michoacán, con 680 millones de pesos, cifra que podría incrementarse hasta los 244 millones no ejercidos ni devueltos a la Federación.
Los auditores también descubrieron que en una licitación supuestamente pública para contratar a una empresa que proporcionara servicios médicos especializados, solo participó una empresa a la que se pagaron casi 85 millones de pesos, sin que siquiera haya constancia de su propuesta técnica. Se suma la compra de casi dos millones de pesos en medicamentos con sobreprecio, entre otros.
Chiapas es la cuarta entidad con la cantidad más alta de recursos del Seguro Popular mal manejados con 618 millones de pesos y le sigue Veracruz con 409 millones (106 por subejercicios).
Hay cuatro estados donde la ASF no encontró ni subejercicio ni posibles desvíos de los recursos federales asignados para el Seguro Popular en 2016: Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas, en dichas entidades los auditores coincidieron en que hay manejos aceptables de supervisión de los recursos.
Aunque se detectaron inconsistencias fueron solventadas con la información complementaria entregada por los gobiernos estatales. Las irregularidades que prevalecieron fueron de tipo administrativo sin derivar en un posible quebranto patrimonial.
El panista López Brito lamentó que en el país sigan prevaleciendo este tipo de situaciones, más aún cuando se pone en riesgo la salud de las personas; a su vez condenó categóricamente la existencia de estas anomalías y exigió que los responsables de estas prácticas cuenten con el castigo correspondiente.