Designan titular del Órgano Interno de Control del INE
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2016.- La desaparición forzada de tres personas en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, en 2009, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se establezca una línea de investigación sobre agentes estatales que, presuntamente, participaron en esta acción.
De acuerdo con un comunicado, el organismo determinó que José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes fueron privados de su libertad por parte de militares, con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado.
Reveló que el plagio de las tres personas está dentro de los eventos de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
“En ese sentido, la relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas.
“Asimismo, cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento, con base en lo anterior, la Comisión calificó los hechos como desaparición forzada», menciona el comunicado.
La CIDH informó que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 9 de noviembre de 2016, porque consideró que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.