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Libros de ayer y hoy/Teresa Gil
Cuando hace 10 años se comenzó a hablar de instalar parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, prácticamente todo el mundo aplaudió los proyectos por tratarse de una energía renovable que podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de los grupos étnicos de la zona.
Sin embargo, al paso del tiempo, algunos de estos planes han demostrado que se trata de un negocio para muy pocos, principalmente para las empresas españolas, y a los huaves de la región les tocan cifras ínfimas: menos de 10 pesos mensuales por el alquiler de una hectárea, cifra menor a un kilo de tortillas.
Por eso, el pasado fin de semana el gobierno de Oaxaca -a través de Jesús Martínez Álvarez, representante de Gabino Cué- decidió hacer caso a la guerra de los huaves y frenar el proyecto eólico en la barra Santa Teresa, de la empresa “Mareña Renovables”, consorcio integrado por FEMSA y Macquarie Capital, una empresa australiana que prevé inversiones por hasta 10 mil millones de dólares en México en los próximos cinco años.
La historia del proyecto es larga y sinuosa: En abril de 2003 la empresa española Preneal comenzó a desarrollar el proyecto en el área. Un año después rentó el uso de los primeros terrenos. En 2006, tenía dos mil hectáreas para instalar 30 aerogeneradores con 90 megavatios de capacidad instalada. En total había pagado por el uso de las tierras 276 mil pesos más 36 mil pesos de “apoyo educativo”. Para 2007 ya contaba con un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad.
En 2011, el consorcio español 2011 Preneal vendió los proyectos en 89 millones de dólares (63 millones 200 mil euros) a Mareña Renovables, el consorcio formado por FEMSA y Macquarie Capital.
En contraparte, desde hace varios años comenzó la movilización de los pueblos afectados, a través de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Hace unos días, el Congreso del Estado de Oaxaca recibió documentos en los cuales se expresa que un negocio de más de mil millones de pesos, representa para los indígenas de la zona la cantidad de nueve pesos con 58 centavos mensuales por hectárea.
La guerra no sólo es de los huaves (o ikjoots) de Santa María del Mar, sino de los zapotecas oriundos de varias zonas del Istmo de Tehuantepec, por lo que desde el sexenio de Vicente Fox denunciaron muchas anomalías en los contratos.
Uno de las focos de descontento es que hubo presiones y maniobras ilegales de las empresas para firmar la cesión de las tierras, además de que los contratos y las negociaciones se realizaron en español y nunca fueron traducidos a las lenguas indígenas, por lo que se violaron derechos humanos y no se cumplieron las disposiciones de la Constitución Mexicana, ni las del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Como dice el filósofo del metro: Después de 500 años, esta historia continuará.
El fraude empresarial, al alza
Según la firma de investigación Forrester Research, a nivel mundial, las empresas pagan entre 200 y 250 mil millones de dólares en pérdidas por fraude al año, mientras que los bancos y las organizaciones de servicios financieros pierden entre 12 y 15 mil millones de pesos.
Esta firma considera que e l volumen y la sofisticación de fraude continúan creciendo a ritmo acelerado en todos los países, por lo que las organizaciones deben mejorar continuamente el monitoreo del comportamiento del cliente,
Para ello, explica, se requieren múltiples cuentas y sistemas con una infraestructura tecnológica que integre la detección de fraudes, gestión de alertas, análisis de redes y manejo de casos.
En este sentido, Forrester consideró que la empresa de análisis de datos SAS cuenta con la mejor tecnología para poder hacer frente a los fraudes, de manera preventiva.
De hecho la tecnología de SAS contiene herramientas para enfrentar de manera integral el fraude empresarial, además de que puede ayudar a mejorar las capacidades de inteligencia de negocios tanto en las empresas como en los bancos.
Forrester Research consideró a SAS como “la oferta global con las mejores capacidades analíticas y de visualización de informes”, al obtener la mejor calificación más alta entre ocho proveedores similares.
Tianguis
Sergio Ortiz Valencia, director de Ficrea, consideró que debe fortalecerse al Buró de Crédito y señaló que reducir los plazos de inclusión de los deudores en el Buró de Crédito, sería fomentar la cultura del no pago. Esta cultura, explicó ha dañado la solvencia moral de millones de mexicanos que han perdido su capacidad de pago y que cifran sus esperanzas en programas de apoyo a deudores por parte del gobierno federal o de las diferentes instituciones del sistema financiero y privado. Según él, en México 43 por ciento de los créditos a las personas físicas los otorgan las instituciones financieras formales; otro 34 por ciento empresas comerciales y el 23 por ciento las microfinancieras. De estos el más del 40 por ciento corresponde a tarjetas de crédito y más del 56 por ciento a otros productos que no incluyen las hipotecas y los préstamos automotrices. Interesante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en atención a una solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dio a conocer que hay un registro de 2 mil 682 organizaciones de trabajadores, conformadas por sindicatos, federaciones y confederaciones. Si se calcula que cada una de ellas tiene mil trabajadores en promedio, resulta que hay dos millones 600 mil trabajadores sindicalizados, lo cual es una minoría frente a los 40 millones de trabajadores que registran instituciones como el INEGI y la Consar. El British Council en México, dirigido por Lena Milosevic, está de fiesta por cumplir 70 años. Por eso realiza su evento Education UK, en donde estarán presentes más de 45 instituciones académicas. Se trata de la feria más representativa de la oferta educativa que existe para los mexicanos en el Reino Unido, con el propósito de proporcionar a aquellos interesados en estudiar en el Reino Unido toda la información que necesiten en un solo lugar. Según los datos del Consejo, de 2003 al 2011 han estudiado 16,725 estudiantes mexicanos en el Reino Unido y actualmente hay unos dos mil que cursan algún estudio. La mayoría (mil 500) están en posgrado. ¡Bravo! Las autoridades capitalinas clausuraron y remitieron a dos personas al Ministerio Público por violar sellos de suspensión de actividades en uno de los tantos centros que operan irregularmente en presidente Mazaryk.
QMX/rfv