
Impulsa MC lactarios en administración pública y órganos desconcentrados
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2017.- Frente a la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en el estado de Puebla, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), determinó dictar medidas específicas de prevención, seguridad y justicia para combatir dicha problemática.
En atención al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Senado de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob respondió el exhorto a solicitar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en dicha entidad, en su capital y municipios conurbados, ante el contexto grave de violencia que implican desapariciones.
El documento publicado este martes en la Gaceta del Senado detalla que un grupo de trabajo, en aras de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres elaboró un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, a fin de identificar las problemáticas particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones específicas de prevención de violencia, en coordinación con la Conavim.
Además, diseñó una estrategia que busca ejecutar inmediatamente para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.
La creación una unidad de contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permitan identificar, entre otros, las dinámicas delictivas.
También, la integración de un grupo encargado exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de mujeres, así como delitos de índole sexual en los últimos años.
Se pretende el fortalecimiento con recursos económicos, materiales y humanos, a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las agencias del ministerio público en aquellas zonas donde existen mayores índices de violencia y menores recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en indígenas.
“La implementación de todas estas medidas, es ineludible para atender y combatir la situación de violencia en la entidad, pues tanto el diagnóstico como el funcionamiento adecuado del Banco de Datos, son fundamentales para observar los factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, las zonas específicas en las que se lleva a cabo y para implementar una política pública adecuada para combatirla”, reza el documento.