Por muerte de 6, el segundo auto de formal prisión para Osiel Cárdenas
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre de 2024.- Un juez de Control dictó prisión preventiva a 15 personas acusadas del delito de evasión del alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernandez.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los 15 detenidos realizaron actos para obstaculizar e impedir la aprehensión del edil en los momentos previos y posteriores al acto de protesta como Presidente Municipal.
Entre los detenidos se encuentran tres integrantes del ayuntamiento, tres policías municipales, así como nueve individuos más; de los cuales, cinco son familiares de los alcaldes de los periodos actual y próximo del municipio.
La FGJEM estableció en grado de probabilidad que María del Rosario Matías, presidenta municipal del periodo 2022-2024 y su esposo, Pedro Luis Hernández, alias Wicho, electo para el de 2025-2027 y quien en su momento también fuera presidente del DIF de Santo Tomás, mantenían nexos con un grupo criminal con orígenes en Michoacán y utilizaban recursos públicos para financiar actividades ilícitas, además de ordenar a elementos de la policía municipal brindarles protección e informar las actividades de las fuerzas de seguridad federales y estatales. Ambos tienen orden de aprehensión vigente en su contra.
Posiblemente, ambos servidores públicos facilitaban datos personales contenidos en los archivos del Ayuntamiento, como registros catastrales y padrones de programas sociales, para que el grupo criminal realizara actos de intimidación y extorsivos en agravio de los habitantes de la demarcación, incluso, conocer cuántos de sus familiares se encuentran en el extranjero, para imponer una cuota periódica sobre el monto de las remesas que reciben.
Respecto al mandamiento judicial vigente, precisó que, el Agente del Ministerio Público, al solicitar orden de aprehensión en contra de Wicho, sometió a la consideración del Juez de información en el sentido de que, en el 2021, habría secuestrado a un familiar de una candidata opositora a la Presidenta Municipal, para luego exigirle “bajarse de la elección” y amenazarla con causarle un daño a la víctima, ello con el fin de facilitar que, en ese entonces, María del Rosario ganara la contienda electoral.
También son investigados actos extorsivos complementarios, toda vez que, tras asumir el cargo como Presidenta Municipal y hasta el antes de evadirse aplicaba reducciones salariales a quienes no aprobaran los puntos de acuerdo que ella proponía al Cabildo, además de que la presencia de individuos armados no uniformados dentro de las oficinas del Ayuntamiento era una constante, al igual que las reuniones de los integrantes del Cabildo en lugares que el grupo criminal ordenaba y en donde los citaban para “leerles la cartilla”.