Dignidad humana y la polémica que no fue/Felipe de J. Monroy

A inicios de abril el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede liberó un nuevo documento orientador sobre inquietudes globales respecto a la práctica de la fe en la sociedad contemporánea; es la segunda Declaración oficial presentada bajo el liderazgo del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández y se publica apenas cuatro meses después de la polémica declaración Fiducia Supplicans en la que se autorizan las bendiciones a parejas homosexuales bajo discreción y discernimiento de los ministros de culto.

El nuevo documento denominado Dignitas Infinita habla sobre un tema realmente toral en la cultura actual que es la valoración, el reconocimiento y el respeto irrestricto a la dignidad humana y, sin embargo, a diferencia de su antecesor, ni los medios de comunicación ni los colectivos defensores de derechos humanos e incluso tampoco los recurrentes vociferadores eclesiásticos decidieron hablar de este documento o polemizar respecto a lo que plantea. Y quizá sólo haya una explicación razonable: la declaración vaticana sobre la dignidad humana no les sirve a sus propios intereses y se prefiere callar para no evidenciar lo mucho que se ha normalizado el relativizar la dignidad humana propia y de los demás. Veamos:

En el preámbulo, la Declaración parte de un principio irrenunciable de la doctrina cristiana el cual no siempre ha sido asumido ni respetado, incluso por los propios católicos: “la dignidad humana existe más allá de toda circunstancia”. Esto quiere decir que sin importar los contextos históricos o culturales y sin distingo de las diferencias físicas, psicológicas, sociales y morales de las personas, cada una de ellas –cada uno de nosotros miembros de la raza humana desde el momento del inicio de nuestra existencia individual e irrepetible y hasta el final de la misma– goza de una dignidad infinita e irrevocable.

La Declaración distingue diversas aserciones sobre la dignidad humana (ontológica, existencial, moral o social) pero esencialmente cuestiona ciertas condiciones contemporáneas que han logrado relativizar o redefinir las fronteras de la dignidad inherente de cada ser humano. La Santa Sede reconoce que, en no pocas ocasiones en el pasado y aún en nuestros días, algunas doctrinas filosóficas, políticas, ideológicas y religiosas han permitido ‘ensombrecer’ la dignidad humana autorizando o avalando actos contrarios a ella, como la esclavitud, el genocidio, la persecución racial, la discriminación, la promoción sistemática al aborto o a la eutanasia; pero también apoyando modelos sociales, leyes y mecanismos que favorezcan o perpetúen condiciones infrahumanas de vida, detenciones arbitrarias, deportaciones, prostitución, trata de blancas y de jóvenes, condiciones laborales degradantes, la instrumentalización del ser humano, la mercantilización del cuerpo y de la vida humana, la renta de mujeres para embarazos de terceros y un largo etcétera.

Todas estas realidades e inquietudes sociales contemporáneas obligan a mirar aquellas realidades fronterizas de la experiencia humana donde hoy se regatean aspectos esenciales de la dignidad: la invisibilización del ser humano en gestación; el descarte social de los ancianos, los marginados y los enfermos; la manipulación médica, quirúrgica u hormonal innecesaria a niñas, niños y adolescentes; la mercantilización del cuerpo o de alguna de sus partes; las terapias de desapego materno; la explotación, despojo e, incluso, la vulneración de la identidad, privacidad, seguridad a través de herramientas tecnológicas intrusivas, engañosas o crematísticas.

El documento debería haber causado tanta polémica y discusión como su precedente; sin embargo, su invisibilización revela lo que la sociedad contemporánea prefiere callar. En este 2024, por ejemplo, se publicó el estudio académico sobre el “Alquiler de vientres como explotación reproductiva de mujeres rurales de Tabasco”, un trabajo de Pilar Alberti y un equipo de investigadores que evidencian los efectos nocivos tanto en las personas como en las comunidades donde se autoriza o promueven modelos de ‘vientre subrogado’.

El tema por supuesto que abre un debate importante sobre cómo ciertas justificaciones económicas o utilitarias son legalizadas para intervenir indolentemente tanto en el cuerpo de las mujeres como en la dignidad intrínseca del ser humano en gestación.

También hace unos pocos días se revelaron los resultados del Estudio Cass en Gran Bretaña, un análisis de largo aliento sobre los efectos nocivos y hasta criminales producidos a adolescentes y jóvenes por haberles facilitado intervenciones de cambio de sexo y hormonización durante su infancia.

En este caso, el discurso ideológico de organismos internacionales promovido a través de voceros de gran impacto mediático (actores, actrices, deportistas, comunicadores, etcétera) y sustentado bajo teorías del género, género fluido y trangénero se impusieron frente a las necesidades médicas y psicológicas de los infantes provocandoles graves afectaciones en su salud física y mental.

Ahora, el Sistema Nacional de Salud Pública del Reino Unido exige que toda atención a niñas, niños y adolescentes con disforia de género comience con terapias psicológicas para explorar y comprender detonantes sobre sus inquietudes (que pueden ser desde problemas de salud mental hasta abusos sexuales subyacentes) antes de que siquiera que sugiera cualquier modelo de ‘transición’. Un tema que nos compete a México porque justo por el repudio comprensible a las llamadas ‘terapias de conversión’ –las cuales deben estar prohibidas debido a sus actos violatorios de la dignidad humana– se ha metido en el mismo saco a todo tipo de terapia profesional para analizar y atender la disforia de género dejando a las infancias vulnerables a que sistemas comerciales, tecnocapitalistas e ideológicos del género les provoquen las mismas afectaciones que las denunciadas en Inglaterra.

Y una última inquietud que se vincula a la actual contienda política-electoral en México: ¿Acaso las candidaturas presentan discursos o plataformas a favor de la visibilidad, respeto y promoción de la dignidad humana, en todas sus condiciones y en todas sus circunstancias? ¿O quizá sólo se limitan a decir que ‘lo que ya aprobó la Corte’ es todo el margen posible de los magistrados han impuesto a la dignidad humana? ¿Y eso, será suficiente?

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe