Teléfono rojo
Para el gobierno del presidente Calderón urge se apruebe una reforma laboral o se comprometa un programa de seguridad que valide (con ello) el realizado en esta administración. Pero para el gobierno de Enrique Peña Nieto, no se justifica ninguna prisa o presión anticipada, tiene todo un sexenio por delante.
Uno de los graves problemas de México es que todo empieza y termina cada sexenio, falta un sentido equilibrado de la diferencia entre los periodos gubernamentales y los tiempos como país, como nación. Por eso muchas veces los grandes proyectos se forman de parches, sin dar lugar a esa sana y necesaria continuidad a lo importante.
En los últimos días, las cámaras de Diputados y Senadores han vivido gran animosidad por la “urgencia” de aprobar una ley laboral multi-anunciada por el gobierno panista que tuvo dos periodos presidenciales para instrumentarla y acabar con viejas prácticas que involucran a patrones y trabajadores, especialmente, pero que tienen que ver con todo el aparato productivo. Como siempre, los obstáculos surgen y aparecen por la afectación de intereses económicos o políticos. Una ley aboral tendría que ir mucho más allá del sólo control de las cuotas sindicales, tendría que impulsar el empleo, la educación y formación permanente, así como la realización personal. Desafortunadamente, estos factores no son los que se toman en cuenta, sino más bien los de clase o partidistas.
Las fracciones parlamentarias velan más por las ganancias partidistas que por el bien superior del país y eso se nota a las claras. Por eso valdría la pena que la prudencia planteara la pregunta: ¿cuál es la prisa, si ha pasado tanto tiempo? La respuesta es obvia, la prisa surge de colocarse una estrella en la frente, más allá de si se aprueba un galimatías o un verdadero “frankenstein” jurídico que no resuelva ni cambie nada.
Ya ocurrió ese fenómeno con las últimas reformas electorales que, lejos de apuntalar y enriquecer la democracia, metieron a la competencia electoral en un callejón sin salida y a un esquema sin concierto.
Algo similar le ocurre al gobierno saliente en materia de seguridad, el programa “estrella” del calderonismo que amenaza con quedar estrellado. Desde Washington, en su última visita como presidente, Calderón Hinojosa afirmó que no ve otra opción que su sucesor, Enrique Peña Nieto, siga con el combate a la criminalidad. “El siguiente gobierno de México, o por lo menos es lo que están diciendo, que van a seguir adelante con el esfuerzo; tienen el derecho y deber de analizar las alternativas, pero con toda honestidad, –cuestionó– ¿quieren ustedes acaso pensar en otra alternativa?”. Confió en que Peña Nieto no tome otra alternativa más que mantener la lucha por la seguridad.
Un tufillo a imposición se percibe en el ánimo del mandatario saliente o, por lo menos, una prisa porque el futuro gobierno se comprometa a seguir la “estrategia de seguridad”, cuando que muchos de sus ejecutores se quejan, precisamente, de su ausencia y de la improvisación en esta materia.
La prisa es muy mala consejera y el propio presidente electo sabe que el país y el pueblo tienen su tiempo y precipitar decisiones, lejos de resolver, pueden complicar los problemas.
Ahí estriba, precisamente el que quienes ya asumieron sus cargos, diputados y senadores, estén dispuestos a cambiar paradigmas y creer verdaderamente, que trabajan y deben lealtad al país y a los mexicanos, no solamente a sus partidos y a las prebendas o beneficios que se obtengan de su comportamiento. Esto obliga, por supuesto, a otra calidad moral, a otros principios y a participar del verdadero cambio, no solo de partido en la Presidencia de la República, sino de la forma de pensar, sentir y hacer la política.
QMex/am