DINTEL: Ojo por ojo y diente por diente o impunidad contra impunidad

A nadie sorprende en México que quien delinque goce de impunidad y en los casos de las altas esferas de la política y los negocios, hasta del reconocimiento de zalameros o lambiscones que esperan caigan las migajas del dinero, casi siempre mal habido.

Esa impunidad es la mejor demostración de que la ley es un adorno en las bibliotecas de políticos, funcionarios de gobierno y de quienes son preeminentes en la llamada oligarquía nacional, clase dominante o “gobernante”, nombre que con más frecuencia de la deseable adquiere tonos burlescos.

La impunidad no respeta clase social, religión, partido político o cualesquiera otra institución. Se da en el pobre, en el rico, en el clero, en el empresariado, en las organizaciones sociales y, corre pareja a la corrupción, el llamado “aceite” del sistema.

La impunidad no solo existe para quien se pasa un semáforo en rojo, circula en sentido contrario o comete lo que son ya “nimias” o “pequeñas” violaciones a leyes y reglamentos. Una muestra de impunidad y corrupción es la creciente economía informal que pasa por encima de la ley.

Pero lo que se ha vuelto cada vez más grotesco es la impunidad respecto de individuos y organizaciones que se han especializado en las agresiones contra los cuerpos policiacos y que están perfectamente identificados (ambos) por los distintos niveles de la autoridad quien, sin embargo, permanece estupefacta, impávida, tolerante, permisiva o también sorda, ciega, muda o insensible.

La impunidad de funcionarios corruptos es intolerable, como lo es también el ver a sujetos que con descaro e impunidad agreden a la policía y que han hecho de ello un disfrutable empleo. Igual aparecen el primero de diciembre destruyendo anaqueles, ventanales, fachadas y todo lo que aparezca a su paso, como ocurrió en la avenida Juárez; o después, en la toma de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, o ahora en la conmemoración de la brutal represión del grupo paramilitar llamado “los Halcones” que agredió a todo tipo de personas que participaron en la marcha del 10 de junio de 1971 en las calles cercanas al casco de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional.

Esta semana, durante la manifestación del 10 de junio, conmemorativa al Halconazo de 1971, un violento grupo agredió a la Policía una y otra vez impunemente. Argumentan su derecho a la libre manifestación, pero las piedras que arrojaban parecían mucho más contundentes que sus escuálidos argumentos.

“Quítate el uniforme”, retaban a los policías. Los manifestantes provocaban, ofendían, agredían hambrientos de confrontación y arrojaron piedras y todo tipo de objetos contra los cuerpos de seguridad hasta que, literalmente, se aburrieron o cansaron.

De inmediato en las redes sociales como Twitter, ciudadanos y diputados como Fernando Belauzarán, pedían sancionar con mayor rigor el enmascaramiento en las marchas y manifestaciones, mientras otros insistían en no confundir anonimato con la efectiva comisión de un delito.

Aunque portar una máscara no es un crimen o delito, la comisión de actos violentos contra las autoridades sí lo es y los videos mostraron las agresiones de los manifestantes, que estaban cubiertos del rostro, contra los policías.

Se observa, por ejemplo, cuando un joven que sostenía un cartel con la frase: “El color de la sangre jamás se olvida. 10 de junio”, es jalado por los policías y cubierto por los escudos, lo que provocó la furia de los manifestantes.

En represalia, los manifestantes capturaron a Pedro Bello, de la Dirección General de Concertación Política y Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, a quien amenazaron con “encuerarlo” si no era liberado el detenido. Al final, Pedro Bello fue liberado, pero no ileso; el funcionario fue hospitalizado por las agresiones.

En la sesión de la Asamblea Legislativa, la oposición aseguró que no se puede permitir que se cometan actos vandálicos disfrazados de causas libertarias. Una vez más, surgió el debate sobre el anonimato en las manifestaciones; misma discusión que en enero ganó la aplanadora perredista con el fin de que se respetasen los derechos humanos y los tratados internacionales en la materia.

“Es claro que quien lucha por una causa justa no tiene por qué esconder la cara, y todos los actos de protesta deben ser en marcos mínimos de legalidad y respeto a los demás”, dijo la diputada Olivia Garza.

“Que no haya chivos expiatorios”, pidió el perredista Alejandro Ojeda al pronunciarse por que se respeten los derechos de los detenidos y se les asegure un debido proceso. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa, Santiago Taboada, aseguró que el PAN insistirá en endurecer las penas contra quienes cometan delitos escondidos bajo una máscara.

Cada acto que goce de impunidad, será la mejor demostración de ausencia de gobierno y de que impera la ley del Talión, tan antigua como el viejo testamento.

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QMX/am