DINTEL: Para qué nuevas leyes, si las viejas no se cumplen

15 de octubre de 2012
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Abelardo Martín

Uno de los principales ingredientes de la convivencia sana, ordenada y que permita la gobernabilidad es la aplicación de la ley junto a cero a la impunidad. La corrupción se alimenta de la impunidad, porque si los actos ilegales no tienen consecuencias, da lo mismo haya o no haya leyes.

La aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero por el Senado de la República, nivelará la cancha, toda vez que la medida sólo aplicaba para el sistema financiero, cuando en realidad el 70% de las transacciones que se hacen en el país son con efectivo, afirmó el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Manuel Valle Pereña.

El problema de todo lo que huele a combate o guerra al narcotráfico y el crimen organizado es que contribuye a agrandar o confirmar el desprestigio que ha dado a México la imagen de un país sumido  en conflictos cuyo resultado es entre 80 y 100 mil muertos en los últimos seis años.

En el marco de la IV Convención de Financiamiento Especializado en México, el funcionario detalló que pensar que gran parte de los recursos de procedencia ilícita se tenían en cuentas de bancos, es bastante menos probable que en casas, coches y terrenos, por mencionar sólo algo.  “Con esta acción la cancha se está nivelando y nos va a dar herramientas para combatir efectivamente las actividades del crimen”, refirió.  Precisó que con esta nueva ley no se van a limitar las transacciones con efectivo. “Si quieres hacer transacciones con dinero mal habido, te lo va a impedir. Si quiere hacer transacciones con dinero bien habido, vas a tener que utilizar el sistema”, dijo y confió  en que  la SHCP está lista y tiene la capacidad para atender los lineamientos de la nueva ley, ya que mucho se hace a través de sistemas electrónicos.

La nueva ley contra el lavado de dinero, comprende una serie de medidas y procedimientos, a fin de prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o aquellas “tendientes a financiar al terrorismo”.

Se constituye un régimen de identificación y reporte de operaciones vinculadas a “actividades vulnerables”, como los juegos con apuesta, concursos o sorteos, por lo que sus promotores o impulsores deberán reportar a la Secretaría de Hacienda este tipo de operaciones cuando los montos asciendan a 645 veces el salario mínimo.

Se investigará también la emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario o permitan la transferencia de fondos cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o superior a 805 veces el salario mínimo.  En el caso de las tarjetas de prepago se deberá informar cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior a 645 veces el salario mínimo vigente, por operación.

Hacienda también podrá conocer las operaciones de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas y relojes, cuando el valor de las transacciones sea de 805 veces el salario mínimo vigente.  Asimismo, serán objeto de aviso ante las autoridades la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, así como la compra o transferencia de bienes inmuebles y obras de arte.

La iniciativa huele a mayores controles de Hacienda para la recaudación fiscal, ya que quienes se dedican a las operaciones del lavado de dinero seguramente no son ingenuos ni improvisados para caer en las “trampas” o violaciones que la nueva legislacion pretende controlar.

Más allá de los requisitos y controles hacendarios, hace falta que la autoridad aplique las leyes vigentes y se sancione, con justicia, a quienes no solo en operaciones que impliquen lavado de dinero, violen la ley o abusen, a ciencia y paciencia de autoridades tolerantes,  que se convierten después en privilegiados y exigentes con los menos favorecidos.

Ese es el problema de fondo de la justicia, en donde ni legisladores ni autoridades responsables de la aplicación de las leyes se preocupan. Los legisladores creerán que ya hicieron su trabajo con aprobar una ley que combata aparentemente el uso del dinero proveniente de actividades ilícitas, aunque en la realidad todo siga igual y, al contrario, aumente el número de negocios con actividades “riesgosas” como casas de juego o muchos otros que gozan no solo de impunidad, sino hasta de la protección gubernamental.

Mejor aplicar la ley, antes que presumir las nuevas.

QMX/am

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