Confirma FGE hallazgo de 4 cuerpos en Sinaloa
CIUDAD DE MEXICO, 1 de noviembre (Quadratín México).-La Cámara de Diputados pretende aplicar penas de hasta 6 años de cárcel a quienes delincan a través de las redes sociales, pues la delincuencia pretende apoderarse del internet y esto se evidencia en el aumento de delitos cometidos a través del ciberespacio, que van del secuestro, extorsión, fraude, robo de identidad, hasta la trata de personas y pornografía infantil.
Para tal propósito, se modificaría el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, agregándose como delito las acciones con el propósito de divulgar circular y publique cualquier información, videos y fotografías de menores de 18 años de edad, para cometer delitos como secuestro, violación, extorsión, pornografía infantil y trata de personas.
Estas acciones podrán ser sancionadas con 4 a 6 años de cárcel y multas de 200 a 500 días de salario mínimo.
También sanciona con una pena de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa a quien publique cualquier información de menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado para resistirlo, y que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad.
El legislativo analiza lo anterior a partir de la iniciativa presentada por la bancada del PANAL, en voz de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, quien apuntó que en todos los países del mundo se buscan figuras para sancionar este tipo de delitos que hasta ahora se realizan libremente a través de Internet.
“Las mafias delincuenciales operan en Internet y las redes sociales para ejecutar sus perversas intenciones; aprovechan la información, datos y antecedentes de lo publicitado para cometer delitos como secuestro, extorsión, pornografía infantil y trata de personas”, expuso la legisladora.
Lo anterior con una gran ventaja, pues las víctimas se encuentran actualmente absolutamente indefensas, y quedan solas con profundos y agudos problemas psicoemocionales. “”El camino de la recuperación es largo y lento, las terapias, además de costosas, son intensivas y prolongadas”, señaló Garfias Gutiérrez.
Es por ello, concluyó, que el Congreso está obligado a atender este grave problema, para dar protección a la población, sin que ello signifique en ningún momento coartar la libertad de expresión, sino evitar el abuso de las redes sociales para delinquir y dañar a la ciudadanía, en especial a niños y jóvenes.
QMX/yvt/grr