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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2016.- Con 329 votos a favor y 89 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Comercio con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y dar celeridad a la tramitación y resolución de los juicios orales mercantiles, ahora pasa al Senado de la República para su análisis y probable ratificación.
El dictamen fue presentado al Pleno por el presidente de la Comisión de Economía de San Lázaro, el priista Jorge Dávila Flores quien afirmó que con estas modificaciones al Código de Comercio se dará un paso importante en la celeridad y resolución de los juicios orales mercantiles.
Destacó que tiene la finalidad de seguir impulsando un “andamiaje jurídico” que le dé mayor competitividad al país y mejores condiciones de operación a las pequeñas y medianas empresas.
Para ello destacó las reformas a diversos artículos de este Código, entre los que destacó:
-Establecer con claridad los requisitos que deben reunir las demandas y sus contestaciones, lo cual era una “laguna legal” en un juicio ordinario mercantil.
-La obligación de los jueces de indicar, con toda precisión, al promovente, cuáles son los defectos de su demanda, cuando ésta sea oscura, irregular o no reúna los requisitos de forma.
-No podrá desestimarse una demanda si quien la presenta carece de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP), bajo protesta de decir la verdad.
-Se incluyó el Título Especial Bis “Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral” con el objetivo promover el sistema oral, ya que es más ágil frente al tradicional, con lo que se busca acelerar y procesar de manera efectiva la carga de trabajo del sistema judicial.
-Se establece que los juicios orales podrán efectuarse cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad establecida en la ley, es decir, desde 574 mil 690 pesos y hasta cuatro millones de pesos.
“En la medida en que un sistema de justicia es capaz de procesar efectivamente los conflictos, es que se reducen los llamados costos de transacción. Al resolver más con menos y en menos tiempo, bajamos el costo país e impulsamos la economía”, señaló Dávila Flores.
En tanto el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim, reconoció que esta propuesta es para fortalecer los mecanismos de justicia oral en la materia y dijo que es indispensable propiciar condiciones que mejoren la competitividad de la economía mexicana, “a través de instrumentos legislativos que abonen a consolidar la confianza en las instituciones y combatir la corrupción”, subrayó.
Este dictamen surgió de una iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 28 de abril, fue modificada por la Comisión de Economía en San Lázaro, donde fue aprobada este martes 4 de octubre.