CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo de 2020.- Por unanimidad de 271 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados, con la ausencia del PRI, PAN, PRD y algunos de MC, avaló acusar ante el Senado de la República a la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.

En medio de una atropellada sesión que fue interrumpida violentamente por trabajadores de la Cámara de Diputados que protestaban por una iniciativa que, aseguran, afecta sus derechos, el Pleno avaló las acusaciones que hizo la Sección Instructora contra Robles.

Las cuales fueron por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

Por lo que, ahora el Senado de la República deberá erigirse como órgano de sentencia para emitir la correspondiente a este caso.

Durante su intervención, el abogado defensor, Alberto Sánchez, acusó que dicho juicio político ha sido, dijo, un atropello a los derechos humanos de Rosario Robles, “en este procedimiento se ha visto una saña inaudita contra su persona, pasando por encima de sus derechos constitucionales”.

Como predicador en el desierto, el abogado defensor pidió a los legisladores, gran mayoría de Morena y aliados, a no avalar las acusaciones contra Robles, lo que fue imposible lograr, y en su breve intervención concluyó, “justicia sí, venganza no”.

La diputada Tatiana Clouthier, como demandante, señaló que el caso de la Estafa Maestra fue el más notorio durante el sexenio pasado, porque reveló, dijo, el método con el que se operaba el desvío de recursos públicos que estaban destinados a temas de salud, educación o alimentación, por lo que enfatizó que no es posible que se quede sin consecuencias políticas.

Recordó que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se comprobó que desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezadas en su momento por Robles, se instrumentaron esquemas de contratación fraudulento que consistió en contratar universidades públicas e institutos de radio y televisión estatales, lo que provocó un daño patrimonial al Estado mexicano por más de cinco mil millones de pesos.

Donde participaron las Universidades Autónomas del Estado de México, de Morelos, de Chiapas, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica Netzahualcóyotl, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Politécnica de Texcoco, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, entre otras, quienes, dijo, fueron cómplices la situación.

Indicó que no se trata de un tema personas, de partidos, de chivos expiatorios o de verdugos, pues enfatizó que hasta el día de hoy existen 25 denuncias penales derivado de los hechos antes mencionados.

Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora encargada del proceso, destacó que luego de 94 años la Cámara de Diputados celebrara un juicio político, pues reclamó que fue una facultad que le fue despojada al Congreso por los gobiernos del pasado.

Refirió que todo el procedimiento de juicio político se respetó en sus tiempos y plazos establecidos, así como en la presentación de pruebas y los alegatos, por lo que resaltó que fue un trabajo transparente.

Coincidió en que no se trata de estar en contra de una persona o ser verdugos, sino que es sobre un Gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal, que fue, dijo, desapegado de la ley y de manera corrupta.

“No es un asunto personal. No nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba, y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados (…). Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos; hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas, que ejerce sus facultades de control y sus facultades jurisdiccionales con plena conciencia de que defendemos la democracia de nuestro país, el Estado de derecho”, apuntó.

En medio de aplausos de los morenistas y sus aliados, se votó a favor de aceptar los argumentos de la sección instructora y de acusar a Rosario Robles ante el Senado de la República para que ésta se erija como órgano de sentencia; asimismo, se aprobó y designó a los diputados de Morena Pablo Gómez y Martha Ramírez, así como a la del PT, Ana García, para sostener la acusación contra Robles ante el Senado.