Diputados avalan Ley Nacional de Ejecución Penal

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio de 2016.- Con 449 votos a favor el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en sus términos, el dictamen de una minuta enviada por el Senado que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y modifica el artículo 225 del Código Penal Federal, por lo que se turna al Ejecutivo para su promulgación.

Esta Ley forma parte de las tres que son relativas al fortalecimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral que entrará en vigor de manera integral, el próximo 18 de junio en todo el país.

La Ley Nacional de Ejecución Penal busca reestructurar la administración y operación del sistema penitenciario, con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para procurar la reinserción social.

En ese sentido, dicha legislación establece, entre otros aspectos, que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario deben ser tratadas conforme a diversos factores, por ejemplo:

1. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
2. Las personas procesas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas.
3. Las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada, o sujetas a medidas especiales de seguridad, se destinarán a centros especiales.

Sobre las modificaciones del artículo 225 del Código Penal Federal, quedó estipulado que son delitos contra la administración de la justicia, a quien en el ejercicio de funciones de supervisor de libertad cayeran en los siguientes casos:

1. Hiciere amenazas, hostigue o ejerza violencia contra la persona procesada o sentenciada, a su familia y posesiones.
2. Requiera favores, acciones o transferencia de bienes de la persona sentenciada, procesada o su familia.
3. Falsee informes o reportes al juez de ejecución.

En tanto, en los artículos transitorios se establece que con la entrada en vigor de esta legislación, podrán acceder al beneficio de libertad anticipada aquellos internos cuyo delito de robo no exceda 80 veces la Unidad de Medida y Actualización, y no haya mediado violencia, así como quienes cometieron el delito de posesión de marihuana sin fines de comercio.

Asimismo, se estipula que quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.

Durante su discusión en el Pleno, fueron retirados la mayoría de las reservas hechas, y tras rechazarse las presentadas a ocho artículos del documento, el dictamen se aprobó en lo particular por 391 votos a favor, 56 en contra y una abstención.