Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2020.- Con el voto en contra de la oposición, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general por 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones el dictamen sobre la minuta enviada por el Senado por el que se reforman diversas Leyes y Códigos en materia de prisión preventiva oficiosa.
La minuta enviada por el Senado, fue avalada en sus términos en la Comisión de Justicia y señala las conductas delictivas que deben ser incorporadas al Código Nacional de Procedimientos Penales y que ameritan prisión preventiva oficiosa, para armonizar la legislación secundaria en la materia, en atención a lo mandatado en el decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución publicado en el Diario Oficial el pasado 12 de abril de 2019.
De acuerdo al dictamen, se reformó el artículo 19 de la Constitución a fin de incorporar nuevos delitos a los que aplicará, de oficio, la prisión preventiva; estos delitos son: feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
También se agregaron delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, coloquialmente conocido como huachicoleo, por desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y los relacionados con el uso de armas de fuego y explosivos de manejo exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena Rubén Cayetano, secretario de la Comisión de Justicia en San Lázaro, explicó que dan cumplimiento a lo mandatado para armonizar las leyes secundarias conforme a las disposiciones constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa, lo que viene, dijo, a reforzar el sistema jurídico mexicano poniendo en sintonía la ley fundamental y los compendios legales secundarios.
Detalló que se incorporó en el artículo 167 al Código Nacional de Procedimientos Penales referente a la procedencia de prisión preventiva oficiosa los delitos de corrupción, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación y a transporte de carga, uso de programas sociales con fines electorales, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y en materia de desaparición forzada de personas.
Sostuvo que el dictamen propone agravar penas para los delitos de portación armas de fuego y se mejora la descripción para ciertos delitos en materia de importación, venta y acopio de instrumentos que puedan ser utilizados para atacar; de igual forma, este ordenamiento permite que, incluso, implementada la prisión preventiva oficiosa, las partes pueden acceder a un acuerdo reparatorio y con ello, la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, no obtuvo la simpatía de la oposición, quienes afirmaron que solo es una acción cosmética que nada abonará a la disminución de la inseguridad y contrario a ello, provocará que existan más abusos de autoridad y violación de los derechos humanos.
La diputada del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán recordó que ya existía un catálogo desde 2008, al cual solo se le están agregando más delitos, sin embargo, señaló que no existe indicio alguno que diga que por ello se ha reducido su comisión, pero sí hay indicios de que se ha prestado, dijo, a una serie de injusticias y violaciones a los principios constitucionales.
“Aquí, con el pretexto de encubrir las deficiencias de los operadores del sistema, particularmente de los ministerios públicos y de las fiscalías, les queremos hacer su trabajo como si el hecho de estar ya en la ley, por una varita mágica y por el discurso que ustedes están diciendo y que también dice este gobierno, se fueran a mejorar las cosas”, aseveró.
Al final y tras la presentación de las reservas, de las cuales solo se aprobaron modificaciones de forma más no de fondo, el dictamen se avaló en lo particular por 258 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, y se regresó al Senado para los efectos constitucionales.