CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2020.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular de los artículos no reservados, con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, el dictamen por el que se expide una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y abroga la publicada en noviembre de 2018, acatando así el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por senadores de la República.

De acuerdo al dictamen elaborado y presentado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, el objetivo es regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

Asimismo, ante el ordenamiento de la Corte, en esta nueva ley se establece un sistema basado en indicadores, parámetros, criterios y metodologías, para determinar o definir el salario del Presidente de la República y de los demás servidores públicos, cumpliendo con el mandato establecido en los artículos 75 y 127 de la Constitución, respecto a que ningún funcionario público podrá tener remuneraciones más altas a las del Jefe del Ejecutivo, salvo contadas excepciones.

Durante su fundamentación del dictamen, el diputado del PT, José Luis Montalvo destacó que esta reforma representa el compromiso por erradicar lo que llamó como las burocracias doradas, asimismo, detalló que se estableció como instrumentos para calcular las remuneraciones, el Producto Interno Bruto per cápita; el límite máximo de referencia; y, el límite mínimo de referencia.

Ante ello, enfatizó que esta nueva ley de remuneraciones no deja espacio a la opacidad y se acaba con la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos pues sostuvo que el servicio público no es una fuente de enriquecimiento, por lo que, con esta ley, dijo, se sientan las bases para un sistema de remuneraciones acorde con la realidad del país, “cierra la puerta a aquellos que mediante diversos amparos se siguen resistiendo a dejar atrás sus privilegios”.

Sin embargo, en el debate, los legisladores de oposición indicaron que la reforma no atiende debidamente las observaciones de la Corte, ya que señalaron falta de claridad en los criterios para definir el sueldo del Presidente de la República.

“Vergonzosamente de nueva cuenta Morena presenta un proyecto que no atiende el requerimiento de la Corte que va a significar por quinta, sexta o séptima ocasión el rechazo a un capricho del presidente que está lesionando derechos de servidores públicos y de instituciones”, aseveró el diputado del PRD, Antonio Ortega.

En tanto, la mayoría morenista y aliados insistieron en que estos cambios son históricos e impedirán que los funcionarios públicos se sigan sirviendo, dijeron, con la cuchara grande, respondiendo que esta ley no atiende caprichos presidenciales.

“Dicen que es un capricho del actual Presidente, no es el capricho de nadie, fue un clamor popular porque los servidores públicos se ponían el sueldo que querían ponerse y agregaban una serie de prestaciones en cada dependencia y como se dice popularmente, se servían con la cuchara grande (…). El proyecto es correcto, históricamente necesario, duele a esa burocracia, lo sentimos mucho”, manifestó el morenista Pablo Gómez.