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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de octubre de 2016.- La Subcomisión de Examen Previo en la Cámara de Diputados, encargada de analizar y resolver las solicitudes de juicios políticos, por fin dio los primeros pasos para iniciar el camino hacia el análisis de las 352 solicitudes contra funcionarios y que han sido acumuladas desde hace 13 años en que se creó esta figura.
En breve sesión se avaló por unanimidad el acuerdo que contempla iniciar la revisión de las solicitudes por orden cronológico, desde las más antiguas, por lo que se determinó, sin especificar aún fecha, desahogar en dos bloques los expedientes recibidos durante las 59, 60 y 61 Legislatura y posteriormente los correspondientes a la 62 y 63 Legislaturas.
Los diputados del PAN y PRD, por el contrario pidieron que se iniciará con los casos más recientes como el del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, la presidenta de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, la priista Mercedes Guillen, aseguró que por ley, determinada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), debe hacerse cronológicamente aunque no descartó que pronto se analicen casos más recientes.
“Sí, humanamente es posible que se aborden todos los casos, porque hay muchos que están prescritos, el juicio político solamente se puede intentar en el tiempo que el funcionario es funcionario y un año después de haber terminado; la intención de la Subcomisión es que pudiéramos acabar con el rezago, se puede desahogar un bloque de 100 o de 80, la misma secretaría técnica irá viendo cuáles son los que va a dar”, detalló.
Entrevistada al término de la sesión de la Subcomisión, Guillén Vicente reiteró que la Secretaría técnica iniciará la revisión “uno por uno” de los casos y reconoció que el juicio político es un procedimiento “muy largo” ya que en primera instancia es la revisión o examen previo, si es avalado en la subcomisión pasa al pleno de tres comisiones, Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia.
Posteriormente se remite a la Sección Instructora, quien lo abre a 60 días de prueba, luego pasa al Pleno camaral y de pasar, se va la Senado. Lo anterior sin duda, deja abierta la posibilidad de que casos como el de gobernadores y exgobernadores como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, así como el ex procurador Jesús Murillo Karam o el ex jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, terminen en el archivo muerto de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la priísta enfatizó que es importante haber dado este primer paso, donde ya se presenta un mecanismo y la Secretaría técnica iniciará el próximo martes 11 una serie de consultas jurídicas, por lo que fue optimista y aseguró que “no está nada lejano de la realidad que pudiéramos acabar con el rezago” lo que dijo, es la intención de la Subcomisión.
Manifestó que no existe ningún tipo de presión pues los casos a analizar tienen ya tres Legislaturas, “estamos de acuerdo en el cómo, hay unas precisiones pero se empieza a trabajar, no empiezan los diputados, son los equipos técnicos los que empiezan a trabajar y nosotros ya estamos en posesión de los expedientes”.
Y dejó en claro que los juicios políticos no tienen ningún carácter penal, y las sanciones que se determinan son políticos y van desde la destitución de su cargo hasta la inhabilitación para ocupar un puesto público hasta por 20 años.