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CIUDAD DE MEXICO, 30 de octubre (Quadratín México).-La Cámara de Diputados exigió al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime González Aguadé, explique el destino que se dio a los 638,000 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de la CFE durante 40 años de vida laboral, de 1950 a 1990.
De igual forma solicitó a los titulares de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Energía, Rosalinda Vélez Juárez y Jordy Hernán Herrera Flores, respectivamente, coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) a los ocho mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Lo anterior al aprobarse, en votación económica, la propuesta del diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quien refirió que el 25 de abril de 1990, la CFE y el SUTERM pactaron la sustitución de este fondo mutualista, por un seguro colectivo obrero en la cláusula XXVI del convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992.
Indicó que las cantidades aportadas por los cefeístas durante 40 años se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México, tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito.
“La falta de transparencia e información por parte del Gobierno Federal ha generado que los trabajadores de la CFE tengan que acudir a todas las instancias posibles para poder saber qué pasó con sus ahorros”, abundó.
En respaldo a la propuesta, el diputado priísta Marco Antonio Barba Mariscal consideró que es fundamental contar con un Estado fuerte y eficaz que incentive y promueva el respeto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores.
Agregó que sería impensable un Estado de derecho si no se acata lo resuelto en las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, como es “la presunta falta de pago de un adeudo que tendría la CFE con un grupo de trabajadores quienes habrían aportado recursos a un fondo mutualista y el cual habría sido sustituido por un seguro colectivo obrero hace dos décadas”.
El diputado panista Rafael Alejandro Micalco Méndez resaltó que el exhorto debe estar dirigido al SUTERM para que le rindan cuentas a sus agremiados, siempre y cuando respete su autonomía sindical.
“Debemos legislar para solucionar la problemática que aqueja a los trabajadores. Tomemos como referencia esta situación para aprobar los cambios realizados en la Cámara de Senadores a la reforma laboral”, consideró.
El diputado perredista Mario Alejandro Cuevas Mena señaló que las autoridades deben dar cumplimiento al laudo a favor de 8 mil 600 trabajadores que demandaron legítimamente el pago que les corresponde. “Nadie sabe dónde quedó el dinero”, comentó.
Sostuvo que 96 mil trabajadores realizaron aportaciones durante 40 años, y por ello deben quedar a salvo los derechos de sus familias. “La transparencia y rendición de cuentas son temas pendientes por resolver y un gran reto para esta legislatura”.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, de la bancada ecologista, detalló que es inconcebible que las autoridades involucradas en este fraude no le den solución a los 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que reclaman la suma correspondiente a sus ahorros de 40 años, trabajados entre 1950 y 1990.
“Es indignante que a pesar de que los tribunales han fallado a favor de los trabajadores este veredicto no se ha cumplido. Exigimos a las autoridades se hagan responsables de impartir justicia laboral, aplicándose la ley y cumplimentándose las instancias dictadas”, afirmó.
De Movimiento Ciudadano, el legislador Francisco Alfonso Durazo Montaño mencionó que la CFE incurrió abiertamente en responsabilidad al firmar un convenio en el que se eliminó el Fondo Mutualista del SUTERM y se sustituyó por un seguro colectivo obrero.
“La paraestatal debe explicar las instrucciones que tuvo para firmar ese acuerdo que significó la desaparición de miles de millones de pesos. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que no posterguemos la defensa de los derechos laborales”, abundó.
El diputado petista Ricardo Cantú Garza expresó que es un tema que debe alertar, toda vez que los recursos tienen origen en la aportación individual y voluntaria de cada trabajador, “no son propiedad del sindicato y mucho menos de la empresa”.
Finalmente, pidió se reintegre a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el producto de su ahorro, y así evitar la constitución de un fondo que “pague lo robado”.
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