CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2019.- La reforma para ampliar el periodo de mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California unió a todas las fuerzas políticas al considerarlo de todas formas anticonstitucional e ilegal, además de atentar con la democracia del país.

Senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios tomarán todas las medidas legales para impedir que se concrete esta reforma e impulsan un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena y rechaza la reforma constitucional aprobada por el Congreso local de dicha entidad fronteriza.

El documento a proponer en el Pleno de la Permanente del Congreso de la Unión también exhorta al mandatario estatal, a que con fundamento a las facultades de la Constitución del estado, proceda a devolver con observaciones al Congreso local, el proyecto de decreto que reforma al artículo 8º Transitorio de la Constitución local, en virtud de violar los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, y máxima publicidad.

En conferencia de prensa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, dijo que es un atentado contra la democracia, pues se buscó que dicha reforma se diera en la entidad federativa y ahora que ya pasaron las elecciones, va en contra de los derechos de los bajacalifornianos que eligieron a un gobernador por un periodo de dos años.

“No se puede permitir por una vía artificial una reforma, que a todas luces es inconstitucional, pretenda ampliar –el periodo de mandato– y vulnere la voluntad ciudadana”, expresó al manifestar su preocupación de que se deje un precedente para que cualquier otro gobernador electo se sienta con la posibilidad.

Los legisladores consideraron importante que se realicen investigaciones por las diferentes denuncias con respecto a la posible compra de las voluntades al interior del Congreso local para que esta reforma fuera aprobada.

La senadora de Morena, María Merced González González, a la diputada Tatiana Clouthier Carrillo –de su mismo partido– promover este punto de acuerdo pues como morenista aseguró que no están de acuerdo con lo que ocurrió en el Congreso de Baja California.

“Nos parece que es un atentado a las instituciones democráticas y por ello se está solicitando explícitamente que el gobernador tome las medidas necesarias para evitar que sea publicada la ley correspondiente”, manifestó.

Aseguró que el Grupo Parlamentario de Morena coincide en que se realicen las investigaciones correspondientes para que se sancionen a los legisladores que cometieron este atropello a las Constitución y a las instituciones democráticas para que se hagan responsables de sus actos.