Dirigen informe a Puebla por irregularidades en 4 prisiones

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre de 2018.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) solicitó al Gobierno de Puebla mejorar el trato y condiciones de las personas privadas de la libertad en tres centros de reinserción social distrital y en uno de reinserción social regional, por las irregularidades y deficiencias que presentan, que constituyen riesgos que pueden derivar en malos tratos y tortura, así como en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Por ello, el MNPT dirigió su Informe de Supervisión ISP-9/2018 al Gobernador del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los Presidentes Municipales de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca, por irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud, integridad personal y atención a personas mayores o con algún tipo de discapacidad.

De acuerdo con dicho Informe, en esos centros se detectaron autogobierno, falta de instalaciones, mantenimiento e higiene en las existentes, presencia de fauna nociva, inexistencia de áreas para mujeres, ocupación de los cuatro centros por encima de la capacidad instalada, hacinamiento, deficiencias en la alimentación, irregularidades en la aplicación de medidas disciplinarias, inexistencia de actividades laborales remuneradas, insuficientes actividades educativas y deportivas, falta de reglamento y de protocolos de actuación en caso de incidentes violentos, deficiencias en la atención de la salud, falta de capacitación al personal, insuficiente personal de seguridad y custodia, así como falta de supervisión por parte de la autoridad inmediata superior.

En esos cuatro centros, administrados y operados por los municipios, denominados: Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio, Centro de Reinserción Social Distrital de Libres, Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula y Centro de Reinserción Social Distrital de Tepeaca, el MNPT observó que las personas privadas de la libertad se inconformaron por la alimentación, ya que solo reciben dos alimentos al día o en su defecto les otorgan 150 pesos mensuales por persona, para que adquieran su despensa y preparen su comida; falta de mantenimiento y de higiene en los dormitorios y en las instalaciones; fauna nociva; existencia de camas improvisadas y en algunos casos las personas internas duermen en el suelo; falta de agua; drenaje obstruido; humedad en techos y paredes; ocupación por encima de la capacidad instalada y hacinamiento, irregularidades que afectan la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, ya que menoscaban el respeto a la dignidad humana y constituyen formas de maltrato.

El informe destaca la situación de personas sancionadas con medidas disciplinarias que van de los seis, ocho, diez meses y hasta un año de castigo; insuficiencia de actividades educativas y deportivas por falta de personal técnico, de seguridad y custodia; inexistencia de actividades laborales remuneradas; internos que ejercen funciones de autoridad; insuficiente personal de seguridad y custodia, y falta de protocolos de actuación en caso de incidentes violentos, así como de programas para su prevención y atención.

Señala que dichos centros no cuentan con los requerimientos necesarios de seguridad e infraestructura para personas con calidad de procesados o sentenciados.

Por ello, el MNPT recomendó al Gobierno de Puebla y a los municipios de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca garantizar que todas las personas privadas de la libertad cuenten con los espacios adecuados para cocinar y recibir alimentos cuyo valor nutritivo y cantidad sea suficiente para el mantenimiento de su salud; se suministre regularmente agua potable; realizar una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de las instalaciones y la construcción de los espacios que reúnan las condiciones de habitabilidad que permitan a las personas privadas de la libertad tener estancia digna.

Además diseñar una política penitenciaria encaminada a mejorar el sistema y la infraestructura con enfoque de género; distribución equitativa que evite áreas con hacinamiento y no permitir la ocupación de los Centros por encima de la capacidad instalada; aplicar sanciones disciplinarias conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; capacitar al personal; realizar una evaluación sobre los requerimientos de los centros visitados, para que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a las actividades de carácter deportivo, educativo, laboral y de capacitación necesarias.

E implementar programas para prevenir y atender oportunamente situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos; asignar el número de elementos de seguridad suficiente para su correcto funcionamiento y que las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas que se encuentren en esos centros sean trasladadas a la brevedad a los establecimientos penitenciarios estatales más cercanos a su domicilio, y mantener el objetivo de las cárceles municipales como centros para el cumplimiento de sanciones administrativas.