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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2020.- Luego de casi nueve meses, las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, reanudarán sesión ordinaria este viernes para desahogar la discusión sobre el dictamen que prevé la creación de la Ley para la Regulación del Cannabis y reforma disposiciones a la Ley General de Salud y del Código Penal.
Durante el encuentro con integrantes de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reveló que la próxima semana se presentará la propuesta ante el Pleno para discutir este tema, el cual ha sido muy controversial, ya que existen voces a favor y en contra.
El proyecto de dictamen en materia de regulación del cannabis y despenalizar el “consumo adulto”, incluido el uso lúdico o recreacional, fue aprobado, en lo general, por las Comisiones dictaminadoras, el pasado 4 de marzo, con 26 votos en favor de de Morena, aliados y al que se sumó Movimiento Ciudadano, siete en contra del PAN y ocho abstenciones del PRI; los senadores integrantes anunciaron que la presentación de diversas reservas para la discusión en el Pleno.
Sin embargo, la discusión en lo particular quedó pendiente y no se había podido llevar a cabo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia Covid 19.
El plazo para que el Poder Legislativo emita la jurisprudencia se ha prorrogado —primero a petición del Senado y luego por las suspensiones ordenadas por la pandemia— quedó establecido para el próximo 15 de diciembre del 2020, el último día del actual periodo ordinario de sesiones.
El líder de Morena en la Cámara Alta recordó que tienen que legislar en la materia debido a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —hace casi dos años— la cual ordenó al Congreso poner orden y reglas en dicha legalización del uso adulto, incluido el uso lúdico o recreacional, así como el aprovechamiento industrial de todo lo aprovechable de la planta de la mariguana: industrial, veterinario, agronómico, cosmético, entre otros.
Los ejes rectores de la regulación del cannabis y sus derivados son la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y goce efectivo sin discriminación y criminalización alguna; el respeto a las libertades fundamentales y la dignidad humana, en los términos previstos por la Constitución; y la interpretación de estas disposiciones bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El coordinador de la bancada mayoritaria aseguró que se fomentará la atención del consumo problemático del cannabis psicoactivo con un enfoque de salud pública, aplicando el reforzamiento de políticas y medidas de prevención, intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y reinserción social.
También, se atenderá la protección de grupos en situaciones de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidad LGBTTI, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, así como campesinos, ejidatarios y comunicados en situación de marginación.
Otro de los ejes rectores, es la regulación con perspectiva de género e intercultural, con un enfoque transversal y multidisciplinario; además del fomento a la paz y la seguridad de la sociedad en la disminución de la corrupción y la violencia.
De acuerdo con el proyecto, Monreal Ávila detalló que la posesión del cannabis psicoactivo sólo será sancionable penalmente cuando sea superior a los 200 gramos. Actualmente, se está discutiendo que después de los 28 gramos no se castigue con privación de la libertad, sino con una sanción económica.
El marco jurídico actual impone de 10 a 25 años de prisión, lo que ha provocado que los centros de reclusión estén llenos de personas por posesión de unos cuantos gramos de cannabis, razón por la que buscan disminuir las penalidades en la portación de este producto.
El morenista subrayó que su consumo sólo se permitirá en sus viviendas o domicilio social de los adultos mayores de 18 años y no deberá efectuarse frente a niños, niñas y adolescentes, así como de personas que no hayan entregado su consentimiento libre e informado.