Discuten políticos y expertos exigencias del Sistema de Justicia Penal

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto de 2017.- En una nueva etapa de discusión si el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio está o no a la altura de las necesidades del país y de las exigencias de un Estado de Derecho, senadores, especialistas, académicos y funcionarios públicos realizan una mesa de análisis de este modelo al que se le han dedicado más de ocho años de construcción y enormes recursos humanos, materiales y financieros.

En un contexto donde la justicia penal es la salvaguarda con la que cuenta un Estado de derecho para generar institucionalidad, estabilidad económica y paz social, es ahora el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República quien convocó a este congreso nacional.

Al inaugurar el foro la Justicia que México necesita: mitos y realidades del nuevo sistema acusatorio, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta enfatizó que en los dos días se reflexionarán los retos de la justicia penal en México, su importancia y hacia donde debe dirigirse.

El vicecoordinador político del bloque parlamentario PT-Morena señaló que desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal se han realizado al menos 250 foros importantes de investigación y análisis.

“Señalar que el proceso penal acusatorio y su aplicación es el responsable de la liberación de presuntos delincuentes, la llamada puerta giratoria, es un exceso y para nosotros es una forma de ocultar la falta de preparación para llegar al punto de la aplicación de este proceso”, dijo.

En su intervención, sostuvo que el actual modelo de justicia acusatorio, a partir de la reforma que le dio origen en 2008, puso a México y sistema penal mexicano en las mismas condiciones en que se desarrollan procesos en países más avanzados y desarrollados del mundo.

Reiteró que es necesario que los órdenes de gobierno; el Ejecutivo, las procuradurías, los poderes judiciales pongan todos los recursos necesarios para concluir la implementación de este proceso penal acusatorio y oral.

El senador Barbosa Huerta llamó a deliberar la figura de previsión preventiva como medida cautelar que de manera obligada se impone frente al catálogo de delitos graves que establece el artículo 19 constitucional y para los mencionados en el Código Federal de Procedimientos Penales.

“El Juez tiene la capacidad de decidir esta medida si otorgar esta medida cautelar o la libertad pone en riesgo a la víctima, a los testigos, a la sociedad o que no se sujete a proceso”, mencionó al referir casos de corrupción tanto a nivel de procuradurías como a nivel de Poder Judicial.

En ese tenor, recalcó que una reforma que de manera generalizada establezca que la portación o la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército sea motivo de una prisión preventiva oficiosa es muy riesgoso cuando todavía hay un sistema policial muy débil institucionalmente.

“Fortalecer la justicia es indispensable para mejorar la seguridad pública y disminuir la violencia, combatir la corrupción y la impunidad, así como para reducir las violaciones a los derechos humanos”, aseguró por su parte el doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador Ejecutivo del IBD.

En dos días, en la sala donde se realizan los trabajos de la Comisión Permanente se llevarán a cabo cinco mesas de análisis: ¿Para qué se hizo la reforma al Sistema de Justicia Penal?, ¿Cómo funciona hoy la justicia penal mexicana?, Policía y Ministerio Público: capacidades de investigación, Prisión Preventiva de Oficio ¿Por qué sí o por qué no?, y Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos.

En la ceremonia de inauguración contó con la presencia de el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab; el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, en representación del procurador Raúl Cervantes Andrade; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera Ávila.

Además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales; y el presidente del IBD, senador Barbosa Huerta.