Duplicar salarios mínimos, determinante para reducir pobreza: académico

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2025.- Duplicar el valor real de los salarios mínimos y el incremento a las pensiones y jubilaciones contributivas fueron determinantes para lograr la reducción de la pobreza que esta semana anunció el Inegi, expresó el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, Enrique Provencio Durazo.

“Sin duda alguna el factor determinante de la reducción de la pobreza de los últimos cuatro años se originó en la decisión de duplicar el valor real de los salarios mínimos”, recalcó Enrique Provencio.

De hecho, dijo, el conjunto de reformas realizadas en 2016 para desligar el incremento del salario mínimo de otros precios, como del aumento de las multas y de las rentas, permitió que iniciara en 2017 la mejora de los salarios, sobre todo a partir de 2019.

En ese sentido, manifestó que es significativa y positiva la disminución de la pobreza en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: hubo un cambio importante y para bien en estos años. 

Una cantidad menor de mexicanos está por debajo del ingreso mínimo requerido para cubrir satisfactores esenciales y se registró un avance relativo en la solución de las carencias sociales en cuanto a rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y de nutrición, principalmente, refirió el economista. 

En los análisis de 2023 a 2025 se ha visto que el componente significativo que propició la disminución de esta condición socioeconómica es el incremento del ingreso en los hogares, mayoritariamente de aquel derivado del trabajo, en particular de los salarios, así como de las pensiones y jubilaciones contributivas (IMSS e ISSSTE) y del aumento a las remuneraciones.

El académico apuntó que para mantener este avance y evitar retrocesos se deben cumplir, sobre todo, las garantías sociales para resolver las carencias sociales de la población.  

Asimismo, precisó, debe efectuarse un cambio sustancial en los presupuestos federal, estatal y municipal, a fin de que privilegien los bienes públicos de acceso a la educación y la salud, pero también a los servicios de cuidado, agua y vivienda, entre otros rubros que no han tenido prioridad en la asignación de los recursos. 

Aclaró que ello no implica que tengan que reducirse los programas sociales; por el contrario, hay que mantenerlos, sobre todo aquellos que están en la Constitución, “porque estamos en la paradoja de que se puede bajar drásticamente la pobreza, sin que mejore significativamente la seguridad pública”. 

Insistió en que también necesitamos asegurar el cumplimiento de los derechos sociales con servicios de calidad. “Entonces no solo se requiere atender mejor los bienes públicos de salud, educación, cuidados y de seguridad pública, sino, sobre todo, hacerlo con estándares de alta calidad. Ese, me parece, es el principal cambio que hay que lograr”. 

Además, generar más empleos formales de calidad con seguridad social garantizada, pues la carencia de esta última afecta a 48 por ciento de la población (63 millones de personas).

Aún falta camino por recorrer

Empero, acotó Provencio Durazo, aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales, ello implica que existe un complejo camino por recorrer para satisfacerlos. 

Debe considerarse que en la actualidad algunas de las carencias sociales son más altas que aquellas que teníamos en 2016, en particular en el tema de rezago educativo y servicios de salud. De 2022 a 2024 hubo una mejora, es cierto, aunque también el nivel de las carencias en educación y salud durante el año pasado, por ejemplo, seguía siendo más alto que el de 2016 o 2018, puntualizó en entrevista. 

Ello significa que en 2024, argumentó, 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a los servicios de salud; 63 millones a seguridad social; y 18 millones a servicios básicos en sus viviendas, entre otros.