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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo de 2018.- De las entidades con índices de impunidad, Estado de México es el más alto con 80.06 puntos, de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017 (IGI), seguido de Tamaulipas, 78.88; Baja California, con 78.08; Coahuila, 77.88; Quintana Roo, 77.33; Guerrero, 76.08; Aguascalientes, 75.85; Veracruz, 75.62; Puebla, 75.59; y Oaxaca, 75.12.
Por el contrario, los únicos dos estados que redujeron en más de dos puntos su índice de impunidad fueron Morelos, con -5.84 puntos, y Campeche, -2.16 puntos, señala el estudio presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Si bien las siguientes entidades redujeron su puntaje dentro del IGI, aún conservan niveles de impunidad altos o muy altos estados como: Colima, con -1.72 puntos; Michoacán, con -1.46; Querétaro, -1.02 puntos; y Yucatán,-1.19.
El caso del Estado de México como la entidad con el índice de impunidad más alto, el estudio señala que se registran 202 mil 205 carpetas de investigación, la cual representa la cantidad más alta en todo el país, y únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia.
Lo anterior, implica que sólo el 0.59 por ciento de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.
Entre las carpetas de investigación y las causas penales abiertas (16 mil 863) significa que apenas el 8.33 por ciento de todas las carpetas se convierten en causas penales, dejando más de 185 mil procesos concluidos en esa etapa. Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta la problemática más grave en el país.
Es decir, empeoró tanto en los índices de impunidad global como de los estados de la República, alertó el trabajo coordinado por el doctor Juan Antonio Le Clercq Ortega y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la institución.
Los especialistas del IGI, el doctor Luis Ernesto Derbez, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara señalaron en su estudio que presenta problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos –no cuenta con suficientes jueces y magistrados–, además de que se redujo su estado de fuerza policial.
También es la segunda entidad con la mayor cifra negra, es decir, delitos no denunciados del país.