Avanza IPN en desarrollo de vacunas experimentales y vectores virales
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2022.- El papel de la investigación que reditúa dinero, y hasta cierto punto poder, está amenazado, advirtió el jurista e investigador de la Universidad de Alicante, España, Manuel Atienza Rodríguez.
“Siento un riesgo de privatización, incluso dentro de la investigación básica pública se produce un fenómeno terrible, que es el marketing”, dijo el especialista, de acuerdo con un comunicado de la UNAM.
Al señalar que una de las funciones sustantivas de las universidades públicas es formar de manera integral a los jóvenes estudiantes, explicó que, además de su instrucción profesional se les debe cultivar en el ámbito de la alta cultura para un mejor desempeño profesional.
Sin embargo, agregó: “empiezo a dudar si la universidad está generando esa alta cultura, pues todas las ideologías que se están imponiendo no favorecen la creación de esta”, acotó.
Los universitarios son quienes más contribuyen hoy a las nuevas ideas; no obstante, en la tercera de las tareas sustantivas de una institución de educación superior pública, la producción científica, “estamos en una situación plenamente idiota”.
Ejemplo de ello es el caso de las vacunas contra la COVID-19: 70 por ciento de la investigación se produce en universidades públicas, pero luego laboratorios de empresas privadas desarrollan la última fase y, naturalmente, obtienen los beneficios económicos.
El experto apuntó que los estudios en una facultad o escuela de Derecho deben organizarse cubriendo las tres funciones: primero, enfocarse al aprendizaje de una cultura jurídica para luego ser un buen jurista, ello implica una apertura a la cultura contemporánea (sociología, filosofía, tecnologías, etcétera).
Tenemos una tendencia a lo contrario, se busca especializarse cuanto antes y ese es un error, antes habría de establecerse un ciclo básico largo de cultura general para los estudiantes. Después aprender la profesión para, posteriormente, iniciar una especialización. Un tercer ciclo sería generar una cultura jurídica bien entendida, la investigación en Derecho.
Para que una facultad se aproxime a esa propuesta tendría que tener una auténtica comunidad de pensamiento jurídico; no obstante, “de esto hay poco, porque la organización institucional no favorece, pero también hay que pensar en algún tipo de organización institucional que promueva la existencia de comunidades de trabajo intelectual sin las cuales no se puede llevar adelante el proyecto”.
Invitado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el filósofo del derecho español comentó que en el mundo cada vez más vivimos en una especie de autismo intelectual, aunque no es privativo de esa disciplina, como producto de la ideología neoliberal y el individualismo, donde cada uno vive en su propia burbuja.
Al respecto, indicó que quizá sea inevitable que existan las agencias de investigación; sin embargo, sus mecanismos dificultan o impiden la verdadera investigación en el área de Derecho, pues sugieren investigar aquellos temas “que te van a dar puntos, lo que efectivamente te facilitará las cosas”.
No queremos darnos cuenta de la realidad, la investigación jurídica no puede ser como en Matemáticas, Química o Biología, debe estar apegada al sentido común refinado. “Vivimos en un mundo de autistas, no solo en el Derecho, sino en general la cultura es cada vez más autista, eso no puede ser”, recalcó.
Ante la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández; y de Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Atienza Rodríguez se manifestó en contra del uso de teléfonos móviles en las aulas porque es un elemento de distracción y si algo nos está faltando es pensamiento reflexivo, esta tecnología atenta directamente contra nuestras neuronas.
En el Auditorio Ius Semper Loquitur de la entidad académica, el experto aseveró -durante el conversatorio El futuro de la enseñanza del Derecho- que es imposible predecir lo que va a ocurrir, pero quizá sea el momento de pensar en cuáles son los aspectos valiosos de los profesionales del Derecho y de la cultura jurídica; es decir, de aquello que tendríamos que conservar y lo que habría que modificar, “debemos estar abiertos a cambiar”.
Además de adaptar la enseñanza de esta disciplina a las nuevas tecnologías, se requieren cambios profundos y novedosos en cuanto a la manera de entender su aprendizaje y la de cualquier otro conocimiento.