El Plan B de la reforma electoral

El pasado miércoles el pleno de la Cámara de Diputados desechó aprobar la Iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta inicial no reunió el consenso suficiente, para poder ser aprobada. Al PT y el PVEM, así como a los partidos de oposición (PRI, PAN, MC), les pareció insuficiente.

¿Qué sigue? La Presidenta habló este jueves durante la conferencia mañanera de un Plan B. Los tres ejes fundamentales: a) Disminuir los privilegios de los Congresos locales; b) Disminuir los privilegios de los municipios; y c) Fortalecer la consulta popular.

La primera mandataria ha sido enfática en recordar los orígenes de la cuarta transformación. Y de la necesidad de avanzar en la reducción del número de legisladores locales, regidores y la reasignación de esos recursos a obras de infraestructura social. También, de dar mayor peso a las consultas ciudadanas.

Esta reducción a las nóminas estatales y municipales podría generar recursos del orden de los cuatro mil millones de pesos, que serían idealmente destinados a proyectos de infraestructura social. Los congresos locales se han vuelto una burocracia de numerosos legisladores con nóminas abultadas y pocos resultados para la ciudadanía.

La historia de la democracia en México hasta el 2000 lo exigía de esa manera y no es que las burocracias representativas crecieran sin una razón de ser. Sino más bien, que lo hicieron a partir de una nula representación de las fuerzas políticas opositoras al PRI, lo que derivó en esta apertura a la pluralidad de ideas.

¿Sigue siendo viable ese modelo? La burocracia representativa creció tanto que se ha vuelto profundamente costosa de mantener para estados y municipios. Y los resultados no son medibles a la luz del desarrollo y las exigencias de la ciudadanía. La regla con la que la gente mide a sus legisladores es muy alta. Y hay poca claridad sobre su desempeño.

En los años noventa, durante los periodos de gobierno del presidente Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. La oposición, impulsada por el PAN y el PRD, obtuvo victorias contundentes en diversos estados del país. Pero quizás la más importante, fue la victoria de 1997 del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México.

La primera vez que un gobierno de izquierda gana una gubernatura fue esa. Y a partir de ahí muchos gobiernos municipales y estatales de oposición pudieron emerger. En varios Congresos estatales, gracias a esa pluralidad, el PRI perdió la mayoría.

En la Ciudad de México años posteriores surge una nueva Constitución, que abre la puerta a los primeros alcaldes y una nueva distracción política que favorece la participación de todos los grupos y partidos en la capital. Surgió un novedoso andamiaje legal que ha permitido dar representación a los habitantes de la capital y que antes no tenían.

Fue un periodo que el país pedía a gritos un espacio de representación. Un momento histórico que hoy ha sido superado y ya no encuentra cabida a seguir creciendo. La participación ciudadana de los últimos años, la educación cívica, la competencia entre partidos y el fortalecimiento de las instituciones electorales hacen cada vez menos viable, mantener estructuras de gobierno tan onerosas.

Por eso la propuesta presidencial es vanguardista. Busca no solamente fortalecer la competencia partidaria, disminuir el número de legisladores y de regidores, y favorecer la participación ciudadana. Los tiempos de la democracia lo exigen. Y ésta no debe ser vista como una reforma regresiva, por el contrario. Es una reforma de muy alto calado y exigente a los tiempos que hoy demanda la ciudadanía.

El próximo lunes se estará enviando a la Cámara de Diputados el Plan B de la presidenta. El costo político para los partidos aliados y la oposición de no querer avanzar puede ser muy alto, con miras a la elección del próximo año. Tocará ver la reacción de aquellos que desde sus curules, prevalecen a sus deseos de perpetuidad.

Moisés Bailón Jiménez es Maestro en Derecho Electoral y Procesal por la Benemérita Universidad de Oaxaca.