El Rincón del Chamán/Jesús Sánchez

Científicos y académicos en la tablita

Ojalá nos equivoquemos, pero otro de los compromisos con los que la Cuarta Transformación (4T) entró a la escena pública, el de proteger los derechos laborales de los trabajadores, parece que quedará como promesa rota.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia del ministro Arturo Zaldívar está por votar el proyecto de sustitución de la Jurisprudencia P/J.1/96, que reclasifica a los trabajadores de centros e institutos de investigación de la ciencia y la tecnología del país -que se norman bajo el Apartado A del Artículo 123 Constitucional-, para sin más trámite pasarlos al Apartado B.

Esto significa que los investigadores académicos y científicos de los organismos descentralizados dejarían de ser “trabajadores de base” para convertirse en “trabajadores de confianza”, con lo cual perderían su derecho de afiliación a los sindicatos y por tanto su derecho a ir huelga.

Y esto ocurre a escasas cinco semanas de las elecciones intermedias y concurrentes más grandes de los últimos tiempos.

Si esto se consuma, no hay duda de que estaremos presenciando uno de los retrocesos más graves en la historia de la lucha laboral en México, a espaldas de los trabajadores, cuyos daños políticos serán irreversibles.

Después de meses peregrinar, representantes de investigadores académicos y científicos, agrupados en la Federación de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, lograron un acercamiento con los ministros de la Corte para hablar de lo que parece una decisión totalmente palacio.

El viernes 23 de abril, se logró una audiencia virtual entre una comisión de la Federación de Sindicatos integrada por Ximena Medellín, investigadora del CIDE; Arturo alcalde, asesor jurídico, Manuel Escobar, presidente de la Federación y la diputada Anita Sánchez, con la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El tema seguiría analizándose, fue el compromiso.

El martes 27 de abril se realizó otro encuentro virtual con el ministro Javier Laynez Potisek.  

Los representantes sindicales esperan que no sea demasiado tarde.

¿En lo oscurito?

Aunque usted no lo crea, en términos de la Ley de Transparencia se reservó temporalmente el contenido, los alcances, y el motivo de dicho proyecto. No había manera de tener acceso a esa información.

Frente a este panorama de incertidumbre, Manuel Escobar Aguilar, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Sutinaoe) y coordinador general de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), califica este proyecto de absolutamente “injustificado” sobre todo porque existe una Jurisprudencia que los respalda y que hoy pretenden anular.

El máximo tribunal en México es la Suprema Corte, por eso en caso de que no rectifiquen, los trabajadores tendrán que buscar los mecanismos legales para que se reconozca que dicho proyecto es inconstitucional, además de acudir a tribunales internacionales.

“Es un golpe bajo a la lucha laboral en México y su historia, los trabajadores no se merecen que atenten contra sus derechos”, menos quienes desde la llamada Cuarta Transformación enarbolan las banderas como suyas, comenta Manuel Escobar.

Este jueves está prevista la votación en la Corte, lo cual podría ser el primer paso para desarticular los sindicatos de los organismos descentralizados y eventualmente preparar el terreno para llegar a las universidades públicas.

Los centros que resultarían afectados en primera instancia serían:  Mexicano de Tecnología del Agua; Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpia;  Instituto Mexicano del Petróleo; Colegio de Postgraduados; Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial; Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California; Centro de Investigación en Química Aplicada; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; El Colegio de la Frontera Sur; Instituto de Investigaciones «Dr. José María Luis Mora» y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica” 

Solo por mencionar dos casos, el SUTCIESAS podría dejar de representar al 59.7 por ciento de la comunidad académica del centro, mientras que para el SUTAACIQA la afectación sería de un 80 por ciento. 

Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS) , advierte que “esto tendría además las inestabilidad laboral y emocional del personal académico, que se vería afectado por la incertidumbre de ser considerados de la noche a la mañana personal de confianza”. 

En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, se establece que el personal de investigación científica es considerado personal de confianza, por lo cual, no pueden participar en los sindicatos y eventualmente tampoco en huelgas, advierte el historiador García Palermo.

Será un retroceso histórico, no hay otra manera de calificarlo. Los trabajadores no se lo merecen.