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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de septiembre de 2017.- El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1.2 millones de dólares (más de 21 millones de pesos) en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
De acuerdo a la investigación del diario español, el diplomático del PRI, cobró en el depósito del Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México.
Arroyo Vieyra, quien fue legislador e incluso presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.
La BPA fue una entidad intervenida en 2015 por las autoridades andorranas y sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que Estados Unidos alertara de que cárteles de la droga de México y Colombia y grandes compañías, como la constructora brasileña Odebrecht, utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América. Desde entonces, la BPA se ha convertido en el vértice final de diferentes escándalos. Andorra terminó con el secreto bancario el pasado año.
El ingreso a nombre de Arroyo Vieyra procedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político del PRI durante, al menos, tres años. Arroyo Vieyra asegura que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.
El embajador de México en Montevideo (Uruguay) lo explica así: “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.
En una primera conversación telefónica con este periódico, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos. “Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”. El embajador mexicano en Uruguay justifica: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”. Y añade: “Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”.
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