Emite CNDH recomendación al gobierno de Hidalgo por riesgos en cárceles

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre de 2016.- Resultado de visitas de supervisión a los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Actopan, Pachuca, Tula y Tulancingo, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública local, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de las actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), emitió la Recomendación M-04/2016, dirigida al Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para que se atiendan situaciones de riesgo en esos lugares de detención e internamiento y se prevengan actos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, informó la propia CNDH mediante un comunicado.ç

La CNDH observó que en dichos Ceresos existen carencias alimentarias, deficiencias materiales en las instalaciones, falta de espacios adecuados y exclusivos para garantizar la estancia digna a las mujeres y sus hijas e hijos, sobrepoblación y hacinamiento, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, condiciones de autogobierno derivadas de la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, así como una inadecuada separación y clasificación de las personas privadas de su libertad.

Dicha Recomendación tiene como antecedente las visitas a los citados centros, así como los Informes iniciales y de seguimiento 4/2012 del Mecanismo, en los que se propusieron medidas para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad para prevenir cualquier acto que pudiera constituir tortura o maltrato.

Por lo anterior, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recomienda al Gobernador del Estado de Hidalgo, entre otros puntos, evaluar el mantenimiento y equipamiento de los centros y destinar recursos suficientes para que éstos reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene; garantizar que todos los internos reciban alimentación tres veces al día con valor nutritivo suficiente; adecuada clasificación y separación de las personas privadas de libertad, y la construcción de un centro femenil en la entidad.

Contar con personal suficiente de seguridad, vigilancia y custodia para garantizar la disciplina, orden y gobernabilidad, a fin de erradicar condiciones de autogobierno; separación de los internos de diferentes estatus jurídicos, y que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como actualizar o emitir, en su caso, un reglamento para dichos centros.

Por último se refiere la necesidad de contar con los servicios y personal médico suficiente, así como medicamentos, instalaciones y el equipo especializado requerido para esta área.