Emite MNPT recomendación a Gobierno de Guerrero por situación de penales

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso del expediente sobre los hechos violentos ocurridos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco para investigar las violaciones a los derechos humanos donde hace una semana perdieron la vida 28 personas, al tiempo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió la Recomendación 2/2017 al Gobierno del Estado de Guerrero.

De acuerdo a un comunicado de la CNDH y el MNPT, se emitió dicha recomendación por la subsistencia de situaciones apremiantes a atender para prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en los cinco centros de internamiento de la entidad.

«Mediante diversas visitas realizadas a cinco centros de reclusión del Estado de Guerrero, el MNPT constató que persisten dichas situaciones que en el caso del centro de Acapulco derivaron en hechos violentos donde varios internos resultaron heridos y un alto número de personas perdieron la vida, por lo que de inmediato personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se trasladó a las instalaciones de ese centro, donde permanece realizando las investigaciones correspondientes», precisa el escrito.

Los centros visitados son los ubicados en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco y entre las irregularidades señaladas por el Mecanismo sobresalen la existencia de condiciones de autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación al mismo, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y áreas de privilegio, falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.

Esto consta en los informes respectivos emitidos en agosto de 2016 y en mayo de 2017, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad, así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

Ante la situación imperante en esos centros de internamiento, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó recomendaciones puntuales al Gobierno del Estado de Guerrero, consistentes en que es necesario contar con instalaciones apropiadas, dotar a los internos de alimentación adecuada, atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno.

También, llevar a cabo programas de prevención y atención de la violencia; reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias; mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, de conformidad con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes.