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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero (Quadratín México).- Más de 10 mil millones de dólares, lo que representó un 3.6 por ciento del PIB, fueron lavados en México durante 2012, según reveló hoy un estudio de la Cámara de Diputados.
Ante este escenario, la cámara legislativa enfatizó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es uno de los instrumentos para combatir de manera legal el lavado de dinero.
De acuerdo con el documento “Lavado de dinero, estudio teórico conceptual, derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en México”, publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de este órgano legislativo, debe combatirse de manera legal dicha situación.
Indicó que sólo en el primer trimestre de 2003 el monto de lavado de dinero habría equivalido a 3.06 por ciento del PIB; posterior a este periodo y hasta el segundo trimestre de 2009 el porcentaje de lavado de dinero equivalente al PIB fluctuó entre 1.5 y 2.4 por ciento.
Ante ello, consideró que se debe combatir de manera legal este delito y un instrumento para ello es la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
El documento aseguró que esta ley se encuadra en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades delictivas mediante acciones que impidan a las organizaciones criminales disponer de ganancias.
Conforme a un diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre dos y cinco por ciento del PIB mundial.
Entre los delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito internacional se ubica el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; de personas; obras de arte; animales, así como tráfico de drogas y corrupción, extorsión y secuestro, agregó.
“Los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra”, resaltó el estudio.
La Cámara de Diputados aseguró que si bien los países cuentan con una legislación específica, se tiene que recurrir a las complementarias, dado lo complejo que resulta este delito; sin embargo se encuentra tipificado generalmente en el Código Penal.
El medio para llevar a cabo las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el sistema financiero; de ahí la cantidad de ordenamientos jurídicos y disposiciones que regulan las instituciones encargadas de implementar y ejecutar las medidas para detectar cualquier actividad que pueda favorecer la comisión de este ilícito.
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