En auditoría de cancelación de NAIM no hay dolo ni mala fe: Agustín Caso

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2021.- El auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, hoy separado temporalmente de su cargo, se defendió y afirmó que en la auditoría sobre la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco, no hubo dolo ni mala fe o motivación política por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como se ha señalado.

Por dos horas y 10 minutos, el funcionario compareció ante diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), encabezada por el diputado Mario Rodríguez, para explicar los resultados de la auditoría 1394-DE denominada: Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco), así como la metodología para realizarla.

Lo anterior, tras la polémica causada por el comunicado que el mismo auditor especial validó dos días después de haberse entregado el Informe individual de la Cuenta Pública 2019, donde señalaba que hubo inconsistencias en la cifra que se manejó de más de 332 mil millones de pesos que podría haber costado la cancelación de dicha obra.

Aunque debido a la investigación que se lleva a cabo, señaló que no podía hacer ninguna declaración ni dar nuevas cifras a las ya mostradas en los informes entregados y dejó en claro que, al no tener ningún elemento punitivo en los resultados, no existe ni existió la intención de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.

Sostuvo que con esta auditoría no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del Aeropuerto aún no concluye, por lo que sólo se emiten recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión.

“No es pertinente en este momento procesar, dar una cifra nueva que quiere establecerse como verdad inamovible. Están por procesarse las diferencias y además el valor real, las condiciones de recompra, el diferencial del valor con que se realizó la emisión de los instrumentos financieros aún no se concreta, no es un hecho definitivo”, manifestó.

Apuntó que los resultados de la auditoría fueron ocho, y se puede verificar que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de presunto daño a la Hacienda Pública; tampoco existió, dijo, ningún señalamiento a ningún servidor público, ni promoción de sanción por conductas graves ni no graves.

“Las recomendaciones carecen de ánimo punitivo porque su esencia, como es propia de una auditoría de desempeño, es recomendar que se establezcan mejores procesos en la acción institucional para que tengamos una mejor calidad del gasto desde su control. Eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial, ni a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo.

“Más aún las recomendaciones de esta auditoría se expresan en un dictamen que tiene un sentido positivo porque se declara textualmente: en opinión de la ASF los resultados muestran que en términos generales el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplió con los procesos llevados a cabo para la terminación anticipada de los contratos”, detalló.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, quienes lo arroparon cordialmente y reconocieron su trayectoria, el auditor cuestionó que el tema de la reunión fuera la revisión de una de las mil 400 auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2019, por lo que no consideraba justo que, con ese volumen de trabajo, a profundidad e intensidad, a lo largo de 20 años, por un informe se pusiera en tela de juicio la credibilidad de la ASF.

Al cuestionarlo si ha sido presionado, enfatizó que nunca lo ha sido por nadie, ni agentes externos o internos, ni ha recibido presiones de alguna especie porque la ASF, dijo, no obedece a intereses o influencias ajenas.

Explicó que el Informe Individual de Auditorías establece la metodología de desempeño focalizada en costos, que comprende los económicos invertidos en la construcción del proyecto, los montos erogados por la terminación anticipada de contratos y convenios, costos asociados a la recompra de bonos y liquidación y los costos legales.

Precisó que no se trata únicamente de medir indicadores de gestión o aspectos administrativos, sino verificar qué instituciones, programas, proyectos y política cumplan con sus objetivos y su razón de ser:

“Lo sustantivo es evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, el avance de la atención de los problemas públicos y el impacto real de la gestión”.

Indicó que, el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, pues se le dieron los tiempos procesales, los resultados y la oportunidad de confronta, por lo que, insistió, en que no hay ni hubo discrepancias, pues se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades.

Señaló que el proceso de cancelación de un proyecto de las dimensiones del nuevo aeropuerto de Texcoco, amerita una serie de procesos, metodologías, planteamientos muy complejos para llevarlo a cabo.

“La recomendación que nosotros emitimos está orientada precisamente a que el Grupo Aeroportuario tenga la capacidad y los sistemas de información que hagan transparente el proceso de cancelación”, puntualizó.