En comisiones, apuran diputados aprobación de Ley de Austeridad

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre de 2019.- En una breve reunión de poco más de media hora, Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, avalaron el dictamen por el que se expide la Ley de Austeridad, y pasa al Pleno de la Cámara para ser discutido y eventualmente aprobado, en la sesión de este miércoles.

Con un total de 47 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas avalaron en lo general y particular, y en sus términos, el dictamen de la minuta enviada por el Senado, por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, y se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

Luego de una discusión sobre lo que se iba a aprobar, se dejó en claro que sería el proyecto de dictamen hecho por la junta directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre la minuta envida del Senado en sus mismos términos en que la envió, con las modificaciones que le hizo la colegisladora.

Destaca la modificación hecha en el Senado referente a que los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrá ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información “privilegiada” en el ejercicio de su cargo, en por lo menos 10 años, y no cinco como era la propuesta original que había aprobado la Cámara de Diputados.

Este punto es lo que ha causado mayor inconformidad por parte de los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra y adelantaron que así lo harán en el Pleno camaral, advirtiendo que habrá impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por esta medida.

Ante ello, en declaraciones al término de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que se allanaron a los términos del Senado y confió en que así será avalada por el Pleno camaral, por lo que, aquellos que vean violentados sus derechos por esta veda laboral de 10 años, podrán acudir ante las instancias correspondientes.

«Los que consideren conveniente pues tendrían que ir a las instancias judiciales, si consideran que se han violado sus derechos humanos, y en algunos casos sus derechos laborales para poder tener un trabajo digno y bien remunerado, eso ya los órganos judiciales lo determinarán si alguien decidiera presentar una controversia”, sostuvo.

Aseguró que no se contrapone a la Constitución como lo han manifestado los partidos de oposición, pues señaló que, en esta ley queda restringido a los altos funcionarios que hayan tenido en su responsabilidad la regulación de determinados mercados o empresas, para que no laboren en ella.

Y es que de acuerdo al artículo 5 de la Constitución: «A ninguna persona le podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, señala la Carta Magna.