En contexto/Luis Acevedo Pesquera

En la Tremenda Corte: la justicia como herramienta política

Si alguien tenía alguna duda, la decisión de la Suprema Corte con relación a la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador para someter a consulta popular la posibilidad de procesar a cinco exmandatarios, quedó claro que la Justicia es un poder del Estado, pero eso no significa que sea un poder político ni al servicio de los políticos.

A partir del sentido común, es evidente que la polémica decisión mayoritaria de los ministros de apoyar la propuesta presidencial da sentido cabal al clamor nacional por actuar en contra de la corrupción y la impunidad, desde el máximo cargo público al más pequeño en la vida pública nacional. Eso es inobjetable.

Sin embargo, el espectáculo que siempre es forma, no resuelve el fondo de los problemas. En realidad, forma parte de una escenificación que atiende básicamente los criterios de oportunidad y de una ideología que trastoca al Estado de Derecho porque trastoca al contrato social representado en el consenso que representa la Constitución como garante de la democracia.

De ahí que los expertos en la materia jurídica se expresen contrarios a la decisión de la mayoría de los ministros de la Corte, no por lo que se refiere al derecho a llevar a cabo consultas populares sino porque se abrió la puerta para que, por caprichos políticos del grupo detentador del poder, se excluyan las normas que dan sentido al orden republicano, a la estabilidad y a la certidumbre que promueve el desarrollo.

Los temas ideológicos, que son de la política, resultan esenciales para la lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para eso existen los partidos políticos que cobran vida y fuerza en los procesos electorales.

Pero el Poder Judicial, no está hecho para esos juegos y sus representantes no pueden permitirlo porque es en perjuicio de la sociedad en su conjunto, incluso para ellos y sus familias.

El Poder Judicial viene a ser el equivalente al tercero en discordia o de equilibrio, pero para velar por el interés ciudadano y, por eso, responde al principio de legalidad, de las normas y su responsabilidad es la de hacer obedecer la Constitución, incluido el Presidente de la República.

Precisamente, esa es la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, con la sorpresiva decisión de dar paso a lo que el ministro presidente Arturo Zaldívar llamó “oportunidad histórica de abrir la puerta a la participación de los ciudadanos cuyas voces usualmente son excluidas del debate público” para dar el aval del máximo tribunal del país para respaldar el juego propagandístico del régimen y romper, con ello, la indispensable división de poderes que busca la democracia.

En uno de los debates más importantes, la Corte rechazó por seis votos contra cinco, el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que advertía sobre la inconstitucional de la consulta popular en los términos exigidos por el presidente López Obrador.

Pero la mayoría determinó que la materia de la consulta sí es constitucional, aunque en una acción gatopardista que expresara una sensación de legalidad, pidieron cambiar la pregunta.

Entonces, luego de un receso y por ocho contra tres, se estableció que la nueva pregunta, que no podrá ser modificada, tampoco podrá mencionar nombres ni pedir investigaciones, sanciones o hablar de presuntos delitos.

Sin la gracia del viejo programa radiofónico, los tremendos jueces de la Tremenda Corte resolvieron un tremendo caso.

Al final fue como si el protagonista hubiera sido Trespatines, pero sin su gracia, y para cuestiones prácticas el fallo favorece al jefe del Ejecutivo, que ahora podrá tener presencia propagandística en todo tipo de procesos políticos como las elecciones del próximo año o para hacer y deshacer según sus ocurrencias y prácticamente sin contrapesos.

@lusacevedop