En Contexto/Luis Acevedo Pesquera

Que me perdone don Jorge Ibargüengoitia por tomar el nombre de su novela en la que narra varios aspectos de la etapa de la Independencia de México y que no hubiera ocurrido si el presidente Andrés Manuel López Obrador no se hubiera tomado tan en serio su defensa a lo que él considera que es un “ensayo sobre la nueva economía en los tiempos de la pandemia”, para luego investirse como historiador para mitificar héroes y justificar zafiedad política.

La intención de su homilía era para explicar al pueblo las materias de los dogmas de la 4T y para suavizar los ánimos desatados por la propuesta del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para dar facultades constitucionales al INEGI para revisar el patrimonio de los ciudadanos a fin de medir la concentración de la riqueza que abrió una nueva polémica y desató el rechazo hasta de los suyos.

En el procedimiento que acabaría con la honorabilidad del INEGI se incluía cruzar información personalísima del SAT, así como bursátil y financiera de cada ciudadano residente en el territorio nacional, que anularía el derecho a la privacidad y, por tanto, a las garantías individuales consagradas por la Constitución.

No más, pero no menos.

Antes de la mañanera, la apuesta era si esa iniciativa era otra cortina de humo ante la crisis económica y sanitaria o si le estaba “midiendo el agua a los camotes” por el deterioro generalizado a partir del COVID-19.

Más bien, era para más, porque si hacemos memoria, el presidente López Obrador ha desarrollado un ingenioso juego político en el Congreso mexicano en donde los diputados y senadores de Morena lanzan iniciativas de reformas legales, casi siempre absurdas, con las que se pretende impulsar a la Cuarta Transformación.

Durante la vigencia de la LXIV Legislatura vigente se recuerdan no menos de 12 iniciativas morenistas que, aunque en algunos casos, resultaron atractivas y hasta populares, siempre han carecido de sustento legal y, sobre todo, de sentido común.

Por ejemplo, estoy seguro de que recuerdan aquella propuesta que lanzó el senador Ricardo Monreal al inicio de este gobierno para que terminar con las comisiones bancarias, que, si bien alcanzó los más altos niveles de aprobación, no resistió la presión del neoliberalismo.

Luego vendrían otras en contra de las calificadoras financieras, que criticaron el modelo de negocios de Pemex y la estrategia energética nacional, o la del diputado Sergio Meyer en contra los Derechos de Autor y la de Soledad Luévano con la que pretendía “eliminar la separación Iglesia-Estado”.

También es memorable por insensata la iniciativa de Edelmiro Santiago Santos quien propuso que los recursos de las Afore fueran administrados por el gubernamental Banco del Bienestar; destaca la desestabilizadora propuesta de Miguel Ángel Jáuregui, para que el rector y los directores de escuelas, facultades e institutos de las universidades, incluida la UNAM, fueran elegidos mediante el voto de la comunidad universitaria , así como la de Lorena Valles para permitir la suspensión o restricción de Garantías Individuales sin la aprobación del Congreso, en circunstancias extraordinarias como la contingencia sanitaria por coronavirus.

Y no se podía dejar a un lado la del Partido del Trabajo y aliado de Morena, vía Reginaldo Sandoval Flores, que quería reformar la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado para controlar las plazas y eliminar la autonomía sindical, proceso en el que intervino Gerardo Fernández Noroña y que terminó con el portazo al salón de sesiones, la toma de la tribuna por parte de los empleados de la Cámara y la suspensión del juicio político en contra de Rosario Robles.

Con esos antecedentes, entre otros más, se observan claramente “los pasos de López” en la operación política de pretendidos cambios legales que, luego del sondeo legislativo, deben ser archivados, congelados o sepultados por sus consecuencias y no corresponden, como en otras ocasiones, a cortinas de humo. Para eso, ya viene el desconfinamiento y la crisis económica.

De ahí que la negativa mañanera del presidente López Obrador al considerar que la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar, líder de Morena, no es conveniente y que “se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos…”, confirma que en la 4T nadie se mueve solo.

Nuevamente, pero sin la calidad y el humor de Ibargüengoitia, el presidente se ha servido de personajes leales para dotarlos de cualidades e inteligencia extraordinarias que nunca habían mostrado para terminar en escenas de humor e ironía, si no de ignorancia política.

Lo mismo ocurre con las citas históricas que parecen bromas de personajes de alguna vieja novela picaresca y no de héroes de la patria.

@lusacevedop