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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2019.- Con 78 votos a favor, 26 en contra y seis abstenciones, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general el dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Por mayoría, los senadores presentes avalaron establecer el marco general, disposiciones, obligaciones, mecanismos de aplicación y vigilancia de la educación que impartirá el Estado, organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento de validez oficial.
La propuesta prioriza el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la participación de educandos, familias y docentes; concebir a la educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la Nación.
Además, consolidar el derecho a acceder a la educación desde la inicial hasta la superior; determinar que la educación deberá impartirse con respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva, diversidad cultural y lingüística, promoviendo la cultura de la paz y convivencia democrática.
Garantizar la educación indígena, para las personas mayores, y para niñas y niños repatriados o desplazados; obligar a las madres y a los padres de familia a participar en el proceso educativo.
Facultar a las autoridades educativas de las entidades federativas a regular los criterios en materia de infraestructura, supervisión, transparencia y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de escuelas.
Crear el Comité Escolar de Administración Participativa y el Consejo de Infraestructura Educativa; generar la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que regulará los procesos y labores en los planteles educativos.
Especificar que el presupuesto para educación no podrá ser menor al ocho por ciento del PIB, destinando el 1 por ciento a investigación científica y desarrollo tecnológico; puntualizar obligaciones de los particulares que imparten educación así como los mecanismos administrativos que utilizarán las instituciones educativas del Estado para verificar su buen funcionamiento.
Y detallar los actores, instituciones y procesos que compondrán al Sistema Educativo Nacional; fortalecer a las instituciones públicas de formación docente; y consolidar la figura de Consejo de Participación Social.