
Escenario político/Daniel Adame Osorio
La captura y consignación de la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales fue un acertado golpe contra la corrupción y la impunidad, sin embargo queda la impresión que el gobierno federal utilizará todos los mecanismos que tiene a su alcance para acabar con sus opositores.
En tanto esta acción se limite exclusivamente al sindicato magisterial y no se actúe contra otros organismos laborales, políticos y empresariales que se han caracterizado por incurrir en actos ilícitos, entre la sociedad se fortalecerá la idea de que se trató de un venganza política.
Ya es común que la ciudadanía se entere, con indignación, de los lujosos viajes, residencias y “gustos” de líderes sindicales y sus hijos, lo mismo de legisladores, de dirigentes partidistas y funcionarios gubernamentales que derrochan los recursos públicos en beneficio propio.
De igual forma, son ofensivos los constantes actos de corrupción que se utilizan cotidianamente para recibir favores políticos, económicos, judiciales y empresariales, a propósito de lograr licitaciones, contratos, sentencias o acuerdos legislativos.
Bien por el Gobierno Federal que dio una muestra de su voluntad política para enfrentar los actos delictivos, pero queda en el ambiente la sensación de que podría actuarse de manera similar con los movimientos sociales opositores al régimen.
Lo anterior en función de que cuenta con la súper Secretaría de Gobernación que aglutina a la inteligencia política, mediante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como a la policía preventiva federal que ya tiene su propia unidad de inteligencia.
Aunque fue la Unidad de Inteligencia de la Secretaria de Hacienda la que detectó las actividades de lavado de dinero y delincuencia organizada en que incurrió Elba Esther, la captura de la maestra no se hubiera realizado sin las órdenes o la anuencia de Gobernación.
Todos estos instrumentos de investigación y prevención del delito deben utilizarse con estricto apego a la ley para enfrentar al crimen organizado y todas sus derivaciones, fuera y dentro del gobierno, y no sólo para eliminar a quienes se oponen a las decisiones gubernamentales.
Ojalá que la limpieza del SNTE no sea la única. Los mexicanos deseamos confiar plenamente en nuestras autoridades, pero esto no se logrará con acciones parciales.
QMX/ra