ENQUADRE: Justicia por consigna en el calderonato

México requiere de profundas reformas en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, luego de que el Poder Judicial de la Federación confirmara, mediante sus sentencias, que durante el sexenio de Felipe Calderón se fabricaron culpables, hubo presos por consigna y se violentaron los derechos humanos de muchos detenidos.

Además, debe sancionarse con todo el rigor de la ley a aquellos funcionarios que, en un claro atentado contra la sociedad obstruyeron la procuración e impartición de justicia, ya sea para desviar indagatorias, eliminar adversarios y obtener beneficios políticos.

Las recientes sentencias absolutorias en favor del general de División retirado Tomás Ángeles Dauahare y del ex titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, a quienes se les acusó de estar vinculados con los carteles de la droga, demuestran el nivel de corrupción que existe en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la sociedad.

En el marco de la llamada Operación Limpieza, la Procuraduría General de la República, utilizó los testimonios de los narcotraficantes y testigos protegidos Roberto López Nájera, alias “Jennifer”, y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, para acusar –sin elementos probatorios contundentes– no solo a los dos ex funcionarios exonerados, sino también a los generales coacusados Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, Si como al Mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

Antes, el Poder Judicial de la Federación otorgó la libertad a Javier Herrera Valles y a Víctor Gerardo Garay Cadena, ex comisionados de la Policía Federal Preventiva, acusados también de presuntos vínculos con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva; así como los más de 30 funcionarios municipales de Michoacán quienes en 2009 fueron involucrados con la organización de la Familia Michoacana

Con estas exoneraciones quedó totalmente en entredicho la figura de “testigo protegido” utilizada en el gobierno calderonista con fines políticos y, en otros casos, sirvió para eliminar a quienes representaban un verdadero riesgo para los grupos criminales.

Varios ex procuradores, entre ellos, Maricela Morales y Eduardo Medina Mora, así como varios ex sub procuradores podrían tener alguna responsabilidad penal, lo mismo que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna y quizás exfuncionarios de mayor nivel que avalaron esas detenciones ilegales y las correspondientes violaciones a las garantías individuales.

Hay que recordar también que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la PGR que deslindara responsabilidades entre los ex funcionarios de la secretaria de Seguridad Pública, involucrados en violaciones al debido proceso penal en contra de la presunta secuestradora francesa, Florence Cassez.

Es en momento de aplicar la justicia, no queremos más impunidad.

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QMX/rha