ENQUADRE: ¿La aplicación de la ley, justifica todo?

La controvertida sentencia de la Suprema Corte de Justicia de otorgar la libertad a ciudadana francesa Florance Cassez , pone en tela de juicio la actuación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, cuyos funcionarios han incurrido en violaciones a la ley en su afán de obtener buenos resultados en la detención de probables delincuentes.

Si bien, es posible que la presunta secuestradora haya quedado impune, ¿deben de quedar sin castigo los servidores públicos que incurrieron en violación a los derechos humanos, tanto de víctimas como de inculpados, y quienes podrían ser responsables de delitos como falsedad en declaraciones, encubrimiento y contra la procuración de justicia, ya que impidieron que se aplicara el debido proceso en tribunales?.

Es común que los organismos encargados de investigar y consignar a presuntos delincuentes recurran a acciones ilegales para obtener confesiones a través de la tortura, presiones psicológicas, incomunicaciones, amenazas  siembra de pruebas y retenciones superiores a las que establece la ley para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Lamentablemente las investigaciones científicas sólo existen en el papel. Nos han acostumbrado a la fabricación de culpables pese a que en conferencias y comunicados de prensa se hace mención a “intensos trabajos de inteligencia” que concluyen con la captura de los delincuentes. La verdad es que en muchos casos se trata de denuncias ciudadanas y hechos en flagrancia.

En tanto se hagan pésimas investigaciones y se integren mal (a propósito) las averiguaciones previas,  se mantendrá la impunidad y la corrupción tanto de delincuentes como de los encargados de la procuración de justicia.

Es cierto que los ciudadanos manifiestan su inconformidad ante muchas de las sentencias que imparten los juzgados, tribunales, salas e incluso la Suprema Corte de Justicia, sin embargo estas instituciones resuelven sobre las pruebas que presenta el Ministerio Público derivadas de sus indagatorias, buenas o malas.

Los impartidores de justicia tienen la obligación de ajustar sus actuaciones a los principios de legalidad y constitucionalidad; por ello si durante los juicios se detectan irregularidades en la integración de las indagatorias  los fallos serán contrarios a los solicitados por el Ministerio Público.

Aunque doloroso para la sociedad y sobre todo para las víctimas, la sentencia emitida por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia  a favor de Florance Cassez, se apegó a la ley.

Es el momento en que se tomen medidas serias y a fondo para que la profesionalización de policías y Ministerios Públicos, así como  de los responsables de los servicios periciales, a fin de que se realicen verdaderas investigaciones científicas y de inteligencia. Ello en beneficio, sobre todo, de las víctimas del delito.

En los penales de todo el país hay miles de sentenciados que no tuvieron la misma oportunidad de la ciudadana francesa y que fueron procesados en juicios llenos de irregularidades.

La justicia no es un privilegio, es una garantía que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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