ENQUADRE: Un país desangrado

Los saldos de la guerra contra el crimen organizado apenas han comenzado a conocerse y son terribles, 27 mil desaparecidos reconocidos oficialmente y más de 70 mil muertos contabilizados extraoficialmente durante el sexenio de Felipe Calderón, lo que nos indica a qué nivel de violencia ha llegado nuestro país, donde los derechos humanos solo existen en el papel.

Gran parte de esos homicidios y desapariciones son atribuidos a los carteles de la droga pero, también, han sido señaladas las fuerzas armadas y los grupos policiacos federales, estatales y municipales de haber incurrido en esas acciones, en lo que han llamado las “víctimas colaterales”.

En los informes presentados por Human Rights Watch y Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación en materia de desaparecidos, podemos vislumbrar mínimamente la crisis que vive el país en esta guerra que enfrentan el crimen organizado y el Estado.

La funcionaria federal indicó que apenas ha comenzado a integrarse la lista de desaparecidos con una cifra escalofriante superior a 27 mil. No sabemos a qué cantidad se llegara en casos plenamente documentados e identificadas, pero esto por sí mismo ya podría calificarse como delitos de lesa humanidad.

A esto llegó el gobierno de Felipe Calderón en su afán de legitimarse después de su controvertida elección presidencial. Declaró una guerra sin tener la mínima estrategia, desdeñó la inteligencia como mecanismo de investigación y optó por la confrontación con las organizaciones delictivas.

Hasta el final del sexenio hubo un mínimo intento por combatir la principal fuente de financiamiento de los cárteles de la droga y el terrorismo como lo es el lavado de dinero.

Involucró a las fuerzas armadas y a las corporaciones policíacas en operaciones sin tener un mando único, lo que motivó que no hubiera una real coordinación entre los gobiernos federal y estatales. Tal situación permitió que los efectivos castrenses y policiacos incurrieran en excesos contra la población civil.

De los muertos, ni que decir, las cifras extraoficiales de organismos no gubernamentales de derechos humanos y de los medios de comunicación sitúan las cifras entre 70 mil y 100 mil muertos , lo que es sumamente grave en un país que oficialmente vive en paz, pero en donde la realidad nos rebasa de manera cruel y sangrienta.

Los mexicanos tenemos derecho a conocer no sólo las cifras gubernamentales sino qué se está haciendo por localizar a los miles de desaparecidos, qué acciones se toman para identificar a decenas de miles de personas ejecutadas y enterradas en fosas clandestinas, pero sobre todo qué se está haciendo para apoyar a los familiares de la “víctimas colaterales”.

Pensábamos que después del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, de la guerra sucia de las décadas de los 60 y 70 contra las guerrillas, realizada por la “Brigada Blanca”, y el levantamiento armado de Chiapas, nuestro país podría avanzar en la consolidación de nuestra democracia con paz y armonía.

Lamentablemente vivimos en el peor conflicto armado desde la Revolución, sólo que ahora no se lucha por la democracia política, ni los derechos de los campesinos y de los obreros, sino los intereses mezquinos de los grupos criminales frente a gobiernos que han sido incapaces de mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales a que tenemos derecho los mexicanos.

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QMX/rha