Entre protestas, Comisión aprueba Ley Reglamentaria al Artículo 29

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre de 2016.- En sesión privada y en medio de protestas y reclamos de la bancada de Morena, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta enviada por el Senado referente a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, la cual se refiere a la regulación del procedimiento que decreta la restricción o suspensión de los derechos y garantías, además de las autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo haga frente a una situación de emergencia.

Sin importar los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, que este mismo martes acudieron a la Cámara de Diputados señalando fallas en la minuta que envió el Senado, esta Ley Reglamentaria al Artículo 29 pretende normar la suspensión o restricción de derechos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro a la sociedad.

De acuerdo al documento, las disposiciones generales incluyen la organización del ejercicio de las facultades de las autoridades en todo el país o en lugar determinado con motivo a una amenaza excepcional, esto es que la restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

El diputado de Morena Cuitláhuac García cuestionó el motivo por el cual sesionó la Comisión de Derechos Humanos, mientras se hacía lo mismo en el pleno y de manera privada.

“Se trata de una militarización del país, no sé a qué temen, pero es obvio que al declarar solamente la excepción de algunos derechos hay otros que se van a suspender y son muy importantes, por ejemplo, se está dando al Presidente la atribución para suspender por perturbación social el derecho de reunión, de libertad de prensa, el derecho de tránsito, esto es grave”, aseveró.

Entrevistado en la sala de prensa de la Cámara de Diputados, el diputado morenista advirtió que su bancada promoverá un acto de inconstitucionalidad al no trabajar en Comisiones Unidas con la de Gobernación.

Ante esta acusación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Armando Luna Canales, recordó que la de Gobernación hizo lo propio meses anteriores votando a favor e indicó que se cumplió con una deber que se tenía desde legislaturas pasadas.

“Es una iniciativa que tenía que haberse hecho un año después de la reforma de 2011 y lo que tenemos es un artículo constitucional que no tiene reglamentación, sí existe la posibilidad de suspender garantías pero desde 1917 y lo que tenemos que hacer ahora, y lo estamos haciendo, es reglamentar para que no sea un tema discrecional, para que participen los tres poderes de la Unión en la aprobación y el control de un posible estado de excepción”, detalló.

Explicó que con el proyecto se considera “perturbación grave a la paz pública”, las situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad y libertad de la población o una parte de ella, y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a esas afectaciones.

Catalogó como “grave peligro o conflicto: circunstancias excepcionales que afecten a la población en materia sanitaria, ambiental, climática, química o física; o bien por acciones que los expongan a emergencia o desastres naturales o de origen antropogénico”, es decir, provocados por el hombre.

Indicó que en caso necesario, se aplicarán medidas “especiales”, como la prohibición de modificar, suspender o derogar la ley durante el periodo en que se suspenda el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. También prevé cumplir los preceptos internacionales en esa materia y con enfoque de derechos humanos.

“Cuando se decrete la suspensión de garantías, los derechos que se mantendrán vigentes serán: a la no discriminación; el reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; la integridad personal; de la niñez; los derechos políticos; la libertad de pensamiento, conciencia y de profesar alguna religión; la prohibición de la pena de muerte”, puntualizó.