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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre de 2016.- El polémico bono navideño, oficialmente llamado subvención extraordinaria, sigue causando discrepancias en la Cámara de Diputados, después de que se diera a conocer el acuerdo que fue aprobado por el Comité de Administración de San Lázaro, mediante el cual se destinan recursos por 75 millones 350 mil pesos bajo el concepto de “apoyo único para pago a colaboradores y gestión social en oficinas de enlace legislativo y atención ciudadana”, algunos legisladores expresaron su rechazo o deseo de donarlo.
El acuerdo avalado autoriza a las instancias correspondientes en la Cámara de Diputados a realizar ajustes y adecuaciones presupuestales que sean necesarios para cubrir este recurso por 75 millones 350 mil pesos que se distribuirá entre los ocho grupos parlamentarios y el diputado independiente; los partidos lo repartirán entre los legisladores de su bancada, quienes recibirán 150 mil pesos cada uno.
Sin embargo, el documento establece que en caso de que algún legislador haya manifestado por escrito su rechazo a esta subvención extraordinaria, la cantidad respectiva que se descontará del total que corresponde a cada bancada.
Este jueves, se dio a conocer oficialmente a los legisladores que tendrían este recurso este mismo día, varios negaron tener conocimiento de cómo había sido dicho acuerdo, e inició el desmarque del bono navideño.
Diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el diputado independiente, Manuel Clouthier, manifestaron su rechazo al bono o bien su intención de donarlo a “causas buenas”. Los coordinadores de las diversas bancadas manifestaron que sus integrantes tenían la libertad de decidir si aceptaban o no este apoyo.
Aunque no se tienen el número exacto, ya que no todos lo han manifestado aún a sus respectivas bancadas, se maneja cerca de 78 diputados que han rechazado este bono, lo que representa 11 millones 550 mil pesos que tendrán un destino diferente al establecido en el acuerdo.
De acuerdo a los datos recabados hasta el momento, son 10 legisladores del PRI, entre los que destacan siete de la bancada de Hidalgo, que manifestaron su decisión de no recibirlo, mientras que dos más, Ivonne Ortega y Carolina Monroy aseguraron que lo donarán.
Están cuatro diputados del PAN que aún no se sabe si lo rechazarán o donarán; de igual modo del PRD los que manifestaron que sí lo recibirán, pero lo donarán para instituciones de ayuda son cuatro, entre ellos el coordinador de los perredistas, Francisco Martínez Neri.
Además de los 36 legisladores que conforman la bancada de Morena; los 23 de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente Manuel Clouthier, quienes ya habían manifestado tiempo antes de que este bono se oficializara.
El recurso quedó distribuido de la siguiente manera:
PRI: 31 millones 200 mil pesos
PAN: 16 millones 350 mil pesos
PRD: 9 millones
PVEM: 6 millones 300 mil pesos
Morena: 5 millones 400 mil pesos
Movimiento Ciudadano: 3 millones 450 mil pesos
Nueva Alianza: 1 millón 650 mil pesos
Encuentro Social: 1 millón 500 mil pesos
Diputado Independiente: 150 mil pesos
De igual forma no se sabe qué sucederá con los recursos que no se reciban, aunque se señala que serán devueltos a la Federación. Mientras que sobre las donaciones o bien la disposición del recurso para quién sí lo acepte, deberán de comprobarlo fiscalmente a partir de este mismo año y no de 2017 como se había manifestado.
Al respecto el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, dijo que instruirá al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, para que se haga de conocimiento público el contenido de las clausulas que establecen las formas en que se realizará el trámite.
“Todos los diputados tenemos la obligación de informar que hacemos con el dinero público y eso en lo personal es lo que voy a hacer, entregar comprobantes, y vamos a tenerlos en la fracción parlamentaria, porque no hay que olvidar que dicha instancia es sujeto obligado”, aseguró.
Señaló que en lo sucesivo las subvenciones extraordinarias deben tener una reglamentación más acotada y prohibir cualquier recurso que “tenga una interpretación indebida y que no tenga un destino específico”, puntualizó.