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Un policía y 4 civiles lesionados, saldo de enfrentamiento en Uruapan
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de octubre de 2018.- Al participar como invitado especial en la instalación de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aprovechó para entregar un anteproyecto de Ley en materia de Desplazamiento Forzado.
Esta iniciativa recoge comentarios y opiniones de especialistas, académicos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil y de la relatora en el tema de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary.
En su intervención en su visita a la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), arguyó la necesidad de emitir una Ley General de Desplazamiento Forzado, problema que pese a la relevancia por la que atraviesa el país, no ha sido suficientemente visibilizado ni atendido, entre otras cosas, por falta de un marco normativo adecuado para tal efecto.
Razón por la cual, consideró pertinente presentar ante la Comisión de Derechos Humanos este anteproyecto que en breve se dará a conocer el contenido, como pauta para que el país tenga las mejores leyes e instituciones que propicien una mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales.
El titular de la CNDH confió en que la propuesta de Ley se presente, mueva al debate y a la discusión sobre un tema que no urgió a no seguir ignorando.
En otra primera aportación, González Pérez hizo entrega de la Agenda Básica que sobre Derechos Humanos preparó la CNDH y en la cual se incluye el apartado específico de normas que estima necesarias se emitan o revisen, como es el caso de la Ley de Seguridad Interior, misma que dijo vulnera derechos humanos y no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular.
Ante la presidenta de dicho órgano técnico legislativo, Kenia López Rabadán (PAN) reiteró que México atraviesa una de las etapas más desafiantes y complejas que haya tenido en materia de derechos humanos.
“Nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar una solución adecuada para hacer frente a los flagelos que han minado a sus instituciones, vulnerando gravemente a las personas y transformando gravemente los parámetros de nuestra convivencia social, representados por los binomios: inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, así como pobreza y exclusión”, subrayó.
Para el presidente de la CNDH la debilidad que la sociedad percibe en el Estado de derecho y la impunidad existente sólo podrá cambiarse si se genera una certeza razonable de que las formas se van a aplicar en un caso concreto, con independencia de quiénes sean las personas involucradas, dejando de lado toda práctica de corrupción.
Por ello, señaló preciso sumar esfuerzos para propiciar una adecuada cultura de la legalidad, tarea que empieza desde la elaboración misma de las normas, las cuales deben ser coherentes con la defensa y promoción de los derechos humanos.