ENTRESEMANA: Candidatos, campañas y vivales

Cuando el constituyente aprobó en 1990 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) obedeció, sin duda, a una demanda de los nuevos tiempos nacionales y la urgencia de evitar un estallido social derivado de conflictos postelectorales.

Y es que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ganó una cuestionada elección a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el candidato surgido del Frente Democrático Nacional, consecuencia del severo desprendimiento de un grupo de notables priistas. Fue un fraude electoral del que se deslinda el ahora candidato del PRD al Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz, en aquellos tiempos secretario de Gobernación en el gabinete de Miguel de la Madrid Hurtado.

Bartlett ha rechazado que la caída del sistema (informático) haya sido una treta para ocultar la derrota de Salinas de Gortari. Ha habido amnesia oficial, oficiosa e inducida para transitar por estos nuevos tiempos en los que las izquierdas se suman a las derechas y ambas buscan desbarrancar al candidato priista. Y han logrado bajarlo al nivel de una cerrada contienda.

Y en ese tenor se inscribe la nueva página en las campañas. El tema de los dineros, precisamente, fue uno de los puntos que acotó el COFIPE, en principio por la largueza de recursos públicos y privados que se aportaban a las campañas políticas sin que alguien pudiese sancionar a donadores, aportadores y receptores.

Por ahí comenzó a filtrarse el dinero sucio que compró conciencias y cargos de elección popular, al grado de descomponer al sistema como lo encontramos en nuestros días.

Ello evidencia que los alcances de las sanciones previstas en la ley electoral, no acotan al llamado pase de charola de los candidatos y, especialmente, de sus operadores financieros. Decíamos, por ejemplo, en la reciente entrega del viernes último, que en el cuarto de guerra del PRD se prepara un nuevo golpe contra el PRI por una vieja conversación que tuvieron los secretarios de finanzas de los entonces gobernadores del Estado de México y de Coahuila, Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira.

Es una conversación obtenida por las mismas vías como se obtuvo la del operador político uruguayo, Luis Costa Bonino, quien pidió seis millones de dólares a empresarios para financiar el último jalón de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda en estos menesteres el COFIPE es letra muerta. Por supuesto que hay topes de campaña y por supuesto que todos los candidatos tienen operadores financieros responsables de evitar que se rebase el monto permitido, por lo menos en el papel, en el informe que se rinde al Instituto Federal Electoral, pero hay mucho más dinero y apoyos en especie que no pasan por la lupa de los consejeros electorales.

Tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador han atendido a la demanda de su contrincante Josefina Vázquez Mota, de transparentar sus gastos, aunque el tabasqueño fue más allá al requerimiento de la candidata presidencial del PAN, y para responder a la pregunta de cuál era la fuente de su sostén económico, dijo haber gastado cerca de seis millones de pesos aportados por la asociación civil Honestidad Valiente.

¿Usted cree que con 50 mil pesos mensuales de salario pueda mantener el rancho en Tabasco, la casa en Puebla y la residencia en el Distrito Federal? Y es público que Peña Nieto y Vázquez Mota, utilizaron recursos públicos para hacer precampaña; él como gobernador del Estado de México y, ella, como diputada federal que, en el nivel de coordinadora, tenía una remuneración superior a la de cualquier legislador. Amén, por supuesto, de los aportadores privados.

Las campañas se hacen con dinero, verdad de Perogrullo. Y ésta se convierte en una veta de la que sólo tiene conocimiento la candidata, los candidatos y su primer círculo, cerradísimo.

¿Cuánto se gastarán al final del proceso? Sería interesante saberlo. Lo que sí se conoce es el nivel de esos vivales que compran votos, conciencias, espectaculares y todo tipo de materiales de campaña. Ahí va el diezmo y también la tajada de los, dizque, operadores políticos. Porque tienen gastos sin comprobar. ¿Cómo compruebas que le pagaste al contingente de acarreados al mitin?

El COFIPE tiene un objetivo legal, aunque lo usan para maquillar gastos. Pero habrá sorpresas. Conste.

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